Permanece sin una explicación clara y pública el motivo por el cual legisladores prominentes del Partido Acción Nacional (PAN) decidieron emitir su voto para ratificar a Ernestina Godoy como Fiscal General de la República. Esta determinación resulta incomprensible bajo dos premisas fundamentales derivadas de su trayectoria anterior. En primer lugar, el PAN se erigió como el obstáculo más firme y decidido durante los intentos de ratificación de Godoy para un segundo periodo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Durante aquella etapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la entonces candidata Claudia Sheinbaum realizaron gestiones intensas, descritas como positivas y negativas, para lograr su permanencia, pero el partido opositor bloqueó exitosamente dicha renovación.
Antecedentes de espionaje acreditados
En segundo lugar, el desempeño de Godoy durante su primer periodo está marcado por investigaciones sobre el uso indebido de recursos oficiales. El diario New York Times publicó, el 9 de noviembre de 2023, que Godoy había ordenado espiar no solo a destacados miembros del PAN, sino también a figuras relevantes del morenismo que se encontraban distanciadas o eran competidoras políticas de Claudia Sheinbaum. Este hecho constituye un caso evidente de utilización política del aparato oficial de inteligencia criminal, según lo reportado por la fuente internacional.
La dirigencia nacional del PAN tiene la obligación de explicar las razones detrás del voto de sus legisladores para que Godoy reemplazara a Alejandro Gertz Manero, considerando estos antecedentes. Aunque Morena contaba con los votos necesarios para la aprobación, la participación del PAN fue crucial para otorgar legitimidad al proceso. Existe un antecedente adicional relevante: la exfiscal de la Ciudad de México lideró investigaciones contra el cartel inmobiliario que incriminaba a los actuales dirigentes del PAN. Dicho caso permanece en el acervo de asuntos pendientes, donde se registran detenciones de funcionarios menores; algunos de ellos declararon incriminando a sus superiores sin que esto haya generado consecuencias judiciales significativas hasta la fecha.
Uso político de la justicia y persecución
El uso político de la justicia penal se presenta como el recurso más eficaz para amedrentar y controlar a la oposición. Esta práctica no siempre se limita a acciones administrativas o legales menores; en ocasiones, deriva en encarcelamientos mediante procesos descritos como llenos de irregularidades, tal como ocurrió con Rosario Robles. Actualmente, el gobierno actualiza este inventario de casos, sin omitir situaciones como la del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud, a quien, siguiendo una tradición policiaca antigua, supuestamente le sembraron droga para obligarlo a renunciar a su cargo.
El saldo del régimen obradorista en materia de persecución política es considerado brutal y se refuerza con el uso de la justicia electoral para reprimir la libertad de expresión. Bajo estas condiciones, el gobierno pretende posicionarse como la autoridad final para proteger los derechos de las audiencias frente al periodismo editorial e informativo en medios de radio y televisión. Las acciones de Godoy y del régimen se actualizan con la persecución activa de exgobernadores que fueron opositores del morenismo, incluyendo a Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, Ernesto Ruffo y, recientemente, Ángel Aguirre.
Impunidad y omisiones estratégicas
No puede ignorarse que la denuncia presentada por el exfiscal Gertz Manero contra la familia de la exmujer de su hermano Federico fue atendida diligentemente por la fiscalía de la entidad. Mientras muchos críticos cargaron la mano al denunciante, muy pocos cuestionaron a quien ejercía la autoridad como brazo ejecutor de una acción legal destacada por su parcialidad, exceso y sevicia. Esta selectividad expone al país ante el proceso judicial norteamericano contra narcopolíticos. El embate proviene de la determinación de las autoridades estadounidenses y la fuerza de la evidencia acumulada.
El riesgo implica no solo al régimen político, sino a la nación entera. Ante esta situación, resulta incomprensible la omisión para proceder contra Rocha Moya y sus asociados. Además, la investigación sobre el contrabando de combustible y el robo de petróleo crudo en proporciones descomunales no ha sido atendida en la justa medida. Según la investigación rigurosa de Francisco Barnés de Castro, divulgada por Carmen Aristegui, el contrabando y el robo de crudo van en aumento, evidencia que compromete tanto al gobierno de López Obrador como a la administración entrante.
La agenda selectiva de Godoy deja al descubierto la ausencia de justicia frente a temas fundamentales para el país. Esto se reafirma por el sometimiento del Poder Judicial Federal y el uso político de las instituciones del Estado con un doble propósito: garantizar la impunidad para los aliados del poder y ejercer una persecución sin reservas contra la oposición. La impunidad permite que la corrupción se expanda mientras la protección política persiste, debilitando la autocontención institucional y poniendo en riesgo la estabilidad jurídica del estado mexicano.
