La Fiscalía General de la República (FGR) ha hecho oficial que cuenta con evidencia sólida que vincula al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con la destrucción de material audiovisual crucial para las investigaciones del caso Ayotzinapa. La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, declaró que dos testigos protegidos han identificado a Aguirre como la autoridad que ordenó desaparecer las grabaciones relacionadas con la detención del autobús Estrella Blanca en el que viajaban los 43 estudiantes normalistas.
Evidencia y testimonios de testigos protegidos
Godoy Ramos detalló que la fiscalía posee "plena evidencia" de la participación del expresidente municipal y exgobernador en actos de obstrucción a la justicia. Esta conclusión se sustenta principalmente en los relatos de dos personas bajo protección estatal, quienes revelaron que fue Aguirre quien instruyó directamente la eliminación de cualquier material que documentara los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
El primer indicio significativo llegó en enero de 2026, cuando una persona colaboradora aportó un testimonio que confirmaba la existencia real de las videograbaciones. Este colaborador señaló que dichas cintas fueron sustraídas para ser entregadas directamente a lo que la fuente denomina como 'Ángel N'. Además, el testigo refirió haber recibido amenazas que explicaban su silencio previo respecto a la ubicación y destino final de dicho material audiovisual.
En mayo del mismo año, se sumó el respaldo de un segundo testigo protegido, cuya declaración robusteció aún más la carpeta de investigación. Este individuo indicó que el entonces gobernador de Guerrero, en una reunión específica con mandos de su gobierno, dio la orden expresa de desaparecer toda evidencia disponible. La fiscalía enfatiza que estos testimonios no son aislados, sino parte de un esquema estructurado.
Operación dolosa desde la cúpula gubernamental
Ante estas declaraciones, la fiscal Godoy Ramos sostuvo que la fiscalía cuenta con elementos de prueba suficientes para acreditar que la instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces mandatario estatal. Esta acción contó con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel, lo que desmiente cualquier teoría de omisión técnica o falla operativa.
Según la versión oficial de la FGR, el ocultamiento de las grabaciones fue resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal. La institución reitera que lejos de ser un acto aislado, se trata de una maniobra coordinada para impedir el esclarecimiento de los hechos ocurridos aquella noche en Iguala.
Orden de aprehensión y próximos pasos
Como consecuencia directa de estas investigaciones, el agente del Ministerio Público responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez competente la orden de aprehensión contra Ángel Aguirre. Los cargos imputados incluyen delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. Dicha orden fue cumplimentada este jueves en el Estado de México.
Ernestina Godoy Ramos aseguró que el proceso se lleva a cabo con pleno respeto a los derechos humanos del imputado. La fiscalía mantendrá informadas a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos y al pueblo de México sobre los avances de la investigación, conforme lo permita el debido proceso legal. La FGR afirmó que continuará con toda la seriedad, profesionalismo y rigor científico requeridos, sin detenerse hasta conocer la verdad completa de los hechos. La institución reafirmó su postura de que donde haya impunidad habrá investigación y donde haya crimen, habrá consecuencias legales definitivas.
