El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue declarado sujeto a prisión preventiva oficiosa durante su primera audiencia judicial. Esta medida cautelar se deriva de los cargos de desaparición forzada vinculados al caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Estado de México, en 2014. La decisión fue tomada por el juez Mario Elizondo Martínez, quien fundamentó su resolución en la existencia de un riesgo de fuga que justifica la privación inmediata de la libertad del exmandatario.
Argumentos de la defensa y estado de salud
Durante el comparecimiento, Ángel Aguirre Rivero asistió acompañado por sus abogados y su esposa, presentándose en silla de ruedas. Su equipo jurídico solicitó formalmente que el proceso se desarrollara bajo el régimen de prisión domiciliaria, alegando razones humanitarias derivadas de su condición física actual. Los argumentos presentados detallaron una serie de complicaciones de salud asociadas a su avanzada edad, las cuales incluyen hipertensión arterial, problemas prostáticos y los primeros signos de diabetes.
A pesar de estas manifestaciones sobre el deterioro físico del imputado, la autoridad judicial determinó que los factores de riesgo procesal prevalecían sobre las consideraciones médicas. El juez concluyó que existía una probabilidad real de evasión de la justicia, lo que llevó a imponer la medida cautelar más estricta disponible bajo la legislación vigente para este tipo de delitos.
Declaraciones del imputado y alcance de las acusaciones
En su intervención dentro de la sala de audiencias, Ángel Aguirre Rivero declaró tener la conciencia tranquila y afirmó estar en paz con respecto a los hechos investigados. Negó categóricamente haber tenido cualquier tipo de relación o participación directa en los sucesos que condujeron a la desaparición de los jóvenes normalistas. Asimismo, expresó sorpresa ante su detención, señalando que siempre ha acudido a las citaciones de las autoridades cuando ha sido requerido para comparecer.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la investigación activa para garantizar la verdad y la justicia en el caso. Las imputaciones actuales contra el exgobernador no se limitan únicamente a la desaparición forzada; también incluye el delito de obstrucción de la justicia. Según lo expuesto en el expediente judicial, la combinación de estos cargos podría acarrear una pena máxima de hasta 70 años de prisión si se demuestra su culpabilidad en todas las imputaciones.
Próximos pasos en el proceso judicial
El procedimiento legal continuará el 11 de agosto, fecha fijada para la siguiente audiencia. En esta sesión, se prevé que avancen los trámites procesales y se determine formalmente si Ángel Aguirre Rivero será vinculado a proceso, es decir, si hay elementos suficientes para llevarlo a juicio oral. Hasta ese momento, permanecerá bajo custodia en el centro de detención correspondiente, cumpliendo la sentencia de prisión preventiva oficiosa dictada por la autoridad competente.
