Brenda Quevedo anunció que solicitará formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) desistirse de la acción penal en su contra para cerrar de manera definitiva el caso Wallace, que ha permanecido en incertidumbre jurídica durante casi dos décadas.
La petición ante la FGR
En conferencia de prensa, Quevedo instó directamente a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, a evaluar su situación jurídica bajo una estricta mirada de derechos humanos y perspectiva de género. La solicitud se produce después de que un juez federal determinara el fin de su arresto domiciliario, lo que le permitió dejar de usar el brazalete electrónico que portaba tras cumplir previamente 15 años en prisión preventiva.
Su defensa logró este avance tras presentar más de 40 datos de prueba, resaltando su comportamiento respetuoso ante las medidas cautelares y su estado de salud actual. Quevedo indicó que esperar una sentencia definitiva ya no es un camino viable, pues el proceso judicial podría extenderse por otros 10 años debido a los múltiples recursos legales interpuestos por la parte acusadora.
Impacto del proceso judicial
Quevedo manifestó que su prolongada reclusión sin condena resultó en una experiencia traumática similar a una “cacería de brujas”, donde el sistema judicial mexicano evidenció fallas profundas. Bajo este panorama, su equipo legal apuesta por el sobreseimiento del caso, fundamentando que la acusación es jurídicamente insostenible.
Según indicó la defensa de Quevedo, dicha postura ha sido respaldada por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Uno de los puntos más críticos expuestos por Brenda fue la doble estigmatización y la hipersexualización que enfrentó por ser mujer durante los casi 20 años del proceso judicial.
Obligaciones vigentes tras la liberación
A pesar de haber recuperado la libertad, Quevedo aún debe cumplir con obligaciones procesales, como firmar cada cuatro meses y solicitar autorización para salir del país. La defensa confía en que la FGR atenderá la petición de desistimiento, lo que pondría fin a un caso que ha marcado la vida de Quevedo desde el año 2006.
