Jueza rechaza cambio de prisión para “El Padrino”
La jueza de control Karla Paola Herrera Sepúlveda negó a Juvenal “N”, alias “El Padrino”, presunto líder de una red de trata de personas que operaba desde el bar Adelita en Tijuana, Baja California, la solicitud de cumplir prisión preventiva oficiosa en un domicilio particular. El imputado permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 11, “CPS-Sonora”. La decisión se tomó durante la audiencia de revisión de la ejecución de la medida cautelar, celebrada el 2 de julio.
Solicitud de la defensa basada en salud
La defensa, encabezada por el abogado Frumencio Cortez Rodríguez, insistió por segunda ocasión en modificar las condiciones de internamiento, argumentando que podía aplicarse la excepción prevista en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a personas mayores de 70 años o con enfermedades graves o terminales. Juvenal “N” enfrenta proceso penal dentro de la causa 19/2023 por trata de personas, en la modalidad de explotación a través de la prostitución ajena y exhibiciones públicas o privadas de carácter sexual agravado, además de delincuencia organizada con la finalidad de cometer dicho ilícito.
Como parte de su solicitud, la defensa presentó nuevamente un dictamen médico elaborado por Freddy Ludwing Romero Mendoza, en el que se describían diversos padecimientos del imputado. También incorporó un estudio de riesgo procesal firmado por Nishell Eduardo Pina Cárdenas, con el que buscaba acreditar que “El Padrino” no representaba peligro de fuga ni riesgo para víctimas o testigos.
Oposición de la Fiscalía y rechazo de la jueza
El Ministerio Público de la Federación y los asesores jurídicos se opusieron a la petición. Para ello, presentaron estudios de especialistas en geriatría y medicina interna, quienes concluyeron que las condiciones de salud del acusado no justificaban sustituir la prisión preventiva en un centro federal. Ante la solidez de esos elementos, la jueza rechazó el cambio de medida.
Giro en la audiencia: investigación contra periodista
Sin embargo, la audiencia dio un giro cuando la defensa solicitó que se investigara cómo un periodista de Grupo Imagen obtuvo información relacionada con el caso y con el presunto funcionamiento de la organización criminal vinculada al Bar Adelitas. A partir de esa petición, la juzgadora pidió al Ministerio Público Federal indagar posibles filtraciones. La decisión abrió un nuevo frente de preocupación, pues podría derivar en una investigación sobre el acceso periodístico a información de interés público y generar un efecto inhibitorio contra el periodista que ha documentado el caso.
El señalamiento ha sido interpretado como un posible intento de presión contra Grupo Imagen, medio nacional que ha difundido información sobre el actuar de la red criminal atribuida a Juvenal “N”. En asuntos de esta naturaleza, la investigación de filtraciones debe evitar convertirse en una vía indirecta para restringir la libertad de expresión o intimidar a periodistas.
Antecedentes de la jueza en otro caso polémico
La jueza Herrera Sepúlveda también ha sido mencionada en otro caso polémico. Policías municipales de Nacajuca, Tabasco, denunciaron el 12 de julio de 2025 la presunta operación de una red de exelementos vinculados con actividades delictivas de “La Barredora” y el Cártel Jalisco Nueva Generación, durante el gobierno de Javier May Rodríguez. De acuerdo con el comunicado, exagentes recluidos en el Cereso de Comalcalco obtuvieron libertad bajo caución mediante una resolución atribuida a la misma juzgadora.
Los denunciantes sostuvieron que esa decisión favoreció a los inculpados y permitió que buscaran reorganizarse para recuperar influencia en corporaciones municipales. Entre los señalados aparecen Orbelín de la Cruz Hernández y Luis Alberto de la Cruz Hernández, acusados por los inconformes de intentar contactar a policías en activo, reactivar redes de corrupción y promover movilizaciones con familiares de uniformados para presionar a mandos locales en Nacajuca.
Impacto y escrutinio
Ambos episodios colocan bajo escrutinio las decisiones de la jueza federal, en particular por sus efectos en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, trata de personas y presuntas redes criminales dentro de corporaciones policiales.
