La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el respaldo de la Guardia Nacional, llevaron a cabo el segundo operativo nacional de inspección y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas, desplegándose en 25 entidades federativas del país. Los resultados confirmaron la efectividad de la colaboración interinstitucional para combatir delitos ecológicos.
Resultados del operativo: clausuras y aseguramientos
De acuerdo con los balances oficiales, el operativo concluyó con la clausura de 33 actividades ilegales. Las autoridades aseguraron cargamentos de madera, carbón vegetal, maquinaria pesada y diversos ejemplares de flora bajo régimen de protección especial. Además, se desmantelaron múltiples hornos clandestinos destinados a la producción de carbón.
Fundamento legal: reforma del Partido Verde
El despliegue de la Guardia Nacional se fundamenta en la reforma legislativa promovida por el Partido Verde Ecologista de México, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado. Dicha modificación faculta a las autoridades ambientales para requerir el apoyo directo de la Guardia Nacional en tareas de inspección, control y salvaguarda de los recursos naturales, optimizando la respuesta del Estado frente a la delincuencia ambiental.
Declaraciones del Partido Verde
“La coordinación entre las instituciones ambientales y las corporaciones de seguridad fortalecen la capacidad del Estado para proteger las Áreas Naturales Protegidas”, destacó la dirigencia del Partido Verde. Insistió en la necesidad de consolidar la aplicación de la reforma para garantizar la preservación del patrimonio natural del país.
Impacto y alcance del operativo
Las acciones coordinadas por Profepa y Conanp, con el respaldo activo de elementos de la Guardia Nacional, se desplegaron en 25 estados. Este operativo demuestra la efectividad de la colaboración entre fuerzas de seguridad y dependencias ambientales para combatir los delitos ecológicos en México. La reforma legal ha permitido una respuesta más contundente contra la delincuencia ambiental que daña los ecosistemas.
