La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos procedió a deportar a ciudadanos mexicanos que contaban con protección judicial para no ser repatriados debido al riesgo inminente de tortura. Esta acción se concretó tras una serie de consultas diplomáticas y la emisión de garantías de seguridad por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, según reveló una investigación publicada este sábado por el diario The New York Times.
Protección judicial omitida por razones de seguridad
Los individuos deportados eran solicitantes de refugio que previamente habían obtenido amparo en tribunales estadounidenses. Estos fallos judiciales establecían que, si fueran regresados a México, enfrentarían torturas por parte de grupos narcotraficantes o del crimen organizado. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos optó por proceder con las deportaciones basándose en los compromisos adquiridos entre gobiernos.
El DHS se abstuvo de proporcionar detalles específicos sobre el número exacto de personas involucradas ni las razones particulares por las cuales inicialmente se les había otorgado dicha protección judicial, citando preocupaciones de seguridad nacional. No obstante, la agencia sostuvo que "este grupo de extranjeros incluía a miembros de bandas, narcotraficantes, un violador de menores y un asesino", justificando así la medida desde una perspectiva de aplicación de la ley.
Posición oficial de la Cancillería mexicana
Ante la divulgación de los hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial aclarando su postura. El organismo estatal señaló que "si estas personas completaron sus procesos legales en un país extranjero, procede su retorno a nuestro país". La SRE detalló que, al igual que ocurre con cualquier otra persona que regresa al territorio nacional, se revisará si existen órdenes penales vigentes en su contra y, de ser así, se actuará conforme a la ley mexicana.
En su declaración, la Cancillería reiteró que "en México la tortura está prohibida por la Constitución, las leyes y por los tratados internacionales de los que somos parte". Estas garantías diplomáticas fueron el factor determinante que permitió a las autoridades estadounidenses proceder con las deportaciones, a pesar de las resoluciones judiciales previas que reconocían el peligro para los retornados.
Condena de organizaciones de derechos humanos
La decisión ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones dedicadas a la defensa legal y los derechos humanos. Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), expresó extrañeza y preocupación ante el uso de garantías diplomáticas para enviar a individuos a su país de origen cuando ya se había determinado que sufrirían tortura allí. Gelernt afirmó que esta práctica es rara y que históricamente se ha argumentado con éxito que el individuo debe tener la capacidad de poner a prueba dichas garantías.
El abogado de la ACLU calificó como "indignante e inconstitucional" que los funcionarios del ICE decidieran unilateralmente que la garantía de seguridad mexicana era creíble. Por su parte, Robyn Barnard, vicepresidenta de derechos de los refugiados e inmigrantes del grupo Human Rights First, advirtió sobre el riesgo físico inmediato. Barnard señaló que si las solicitudes de protección se basaron en una probabilidad cierta de tortura por parte de cárteles, existe el riesgo real de que los deportados desaparezcan a su llegada a México.
La organización civil legal más grande de Estados Unidos ha expresado su temor de que este caso pueda sentar un precedente peligroso para otros expedientes de refugio provenientes de diversas regiones del mundo, donde las garantías bilaterales podrían anular protecciones judiciales individuales. La situación deja en evidencia la tensión entre los acuerdos diplomáticos interestatales y los derechos humanos garantizados por los sistemas judiciales nacionales.
