Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó una acusación formal de doce cargos contra cuatro personas por integrar una red de tráfico ilícito de armas y brindar asesoría técnica al Cártel de Sinaloa, según informó la Fiscalía de Texas el 29 de julio de 2026. Los acusados incluyen a un ciudadano mexicano residente en Estados Unidos, y las actividades ilegales ocurrieron entre 2024 y 2026.
Detalles de la acusación
Loyd Walter Hall, de 27 años y residente de Amarillo, Texas, enfrenta cargos por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas para su importación a Estados Unidos, posesión de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico, varios cargos de proporcionar declaraciones falsas a un vendedor de armas y conspiración para la compra y el tráfico ilícito de armas. De ser declarado culpable, podría recibir cadena perpetua.
Jesús Quezada Meza, de 30 años, ciudadano mexicano residente en Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44 años, residente de Utah, están acusados de conspiración para la compra ilícita de armas y conspiración para el tráfico ilícito de armas. Ambos enfrentan hasta 15 años de prisión federal. Catlynn Ann Townsend, de 29 años y residente de Amarillo, está acusada de hacer una declaración falsa en la información requerida a un vendedor de armas con licencia, con una posible pena máxima de cinco años de prisión.
Relación con el Cártel de Sinaloa
Según el fiscal federal Ryan Raybould, entre 2024 y 2026, Hall y sus cómplices mantuvieron una relación con un miembro del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, México. A través de este vínculo, proporcionaron armas de fuego, conocimientos técnicos y asesoramiento sobre cómo evadir a las autoridades estadounidenses. “Cada arma de fuego traficada desde Estados Unidos a un cártel fortalece su capacidad para aterrorizar a las comunidades, asegurar sus operaciones de narcotráfico, participar en actos de corrupción y cometer robo internacional de combustible. Este caso subraya el compromiso de mi oficina con el desmantelamiento de todas las redes criminales de los cárteles”, declaró Raybould.
Brian Garner, Agente Especial a Cargo de la División de Campo de la ATF en Dallas, añadió que las acusaciones describen no solo el tráfico ilegal de armas, sino también los esfuerzos por brindar al Cártel de Sinaloa orientación sobre cómo eludir las leyes estadounidenses sobre armas de fuego y evitar ser detectado. “Las personas que, a sabiendas, arman a organizaciones criminales violentas y las ayudan a explotar nuestras leyes amenazan la seguridad de las comunidades a ambos lados de la frontera”, sostuvo Garner.
Investigación y reacciones
La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), con asistencia del FBI y el Departamento de Policía de Amarillo. Cada acusado ya compareció inicialmente ante el tribunal. El embajador estadounidense, Ronald Johnson, destacó que la acusación reafirma el compromiso de la Administración estadounidense de desarticular las redes de tráfico de armas que alimentan la violencia de los cárteles. “Rastrear las armas de fuego ilícitas es fundamental para desarmar a los cárteles, hacer que los traficantes rindan cuentas y proteger a nuestras comunidades. Los cargos relacionados con el presunto apoyo al Cártel de Sinaloa subrayan por qué nuestros países deben seguir trabajando juntos para detener el flujo de armas hacia las manos de las organizaciones criminales”, aseveró Johnson.
La acusación formal incluye 12 cargos que detallan la conspiración para comprar y traficar armas, así como el suministro de asesoramiento técnico. Este caso pone de relieve la colaboración entre agencias estadounidenses para combatir el tráfico de armas hacia México, donde los cárteles utilizan estas armas para mantener su poderío violento. La Fiscalía de Texas subrayó que las penas máximas varían: Hall podría enfrentar cadena perpetua, Quezada Meza y Velásquez hasta 15 años, y Townsend hasta cinco años.
