El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aplica la estrategia del palo y la zanahoria para expulsar migrantes a África: primero amenaza con aranceles o suspensión de visados y después ofrece incentivos económicos. Así lo revelan testimonios de migrantes, abogados, exfuncionarios del Departamento de Estado y un informe de senadores demócratas.
Migrantes enviados a países sin relación con su origen
El camboyano Pheap Rom, de 43 años, terminó en una prisión de alta seguridad en Esuatini, la última monarquía absoluta de África. "No entendía por qué me expulsaban a África, si yo soy camboyano", declaró a la AFP. Otros fueron expulsados a la República Democrática del Congo (RDC), Uganda o Sudán del Sur, país devastado por la guerra.
Estados Unidos recurre a suspensiones de visados para obligar a países africanos a aceptar a nacionales de terceros. Dos tercios de los 39 países afectados por estas suspensiones están en África. Según el recuento de ONG y un informe de senadores demócratas, casi la mitad de los Estados que han suscrito acuerdos para recibir expulsados son africanos.
Presión con aranceles y ayuda económica
"A estos países se les presiona a golpe de amenazas sobre aranceles, suspensiones de visados o disminución de la ayuda", señalan los senadores en su informe. Los migrantes caen "en un agujero negro jurídico", retenidos sin ser inculpados, en lugares desconocidos, a veces privados de derechos, denunciaron abogados.
El Departamento de Estado respondió que "la implementación de las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad absoluta".
Segundo capítulo tras América Latina
Al regresar al Despacho Oval en 2025, Trump procedió a la expulsión masiva de migrantes hacia América Latina, con el caso emblemático del envío a El Salvador de más de 250 venezolanos acusados sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua. África constituye un segundo capítulo, elaborado por el asesor Stephen Miller, partidario de una línea migratoria dura.
Washington empleó la táctica del palo y la zanahoria, con millones de dólares en acuerdos secretos. Esuatini recibió 160 expulsados a cambio de 5,1 millones de dólares, según los senadores. Ruanda habría aceptado hasta 250 personas por 7,5 millones, según Human Rights Watch.
Protegidos por la ley expulsados a terceros países
Desde el inicio del segundo mandato de Trump ha crecido la lista de motivos de expulsión. En junio, la Corte Suprema respaldó revocar un estatuto que protegía a 350.000 haitianos. Numerosos migrantes gozaban de protección jurídica bajo la Convención contra la Tortura o suspensión de remoción, según testimonios recogidos por la AFP.
Khalid, de 23 años, huyó de la tortura en África oriental en 2024. Un juez le otorgó protección contra la expulsión y le deseó "buena suerte" en su nueva vida. Sin embargo, en enero fue embarcado sin documentos a Guinea Ecuatorial, donde el gobierno le informó que no podía quedarse. A finales de mayo lo devolvieron a su país natal, que lo regresó a Guinea al no poder identificarlo. De regreso, no puede marcharse ni solicitar asilo, pues ese procedimiento no existe en Guinea Ecuatorial, confirmó ACNUR. "Las autoridades estadounidenses no saben si estamos vivos", lamenta.
Desaparecidos durante semanas
Algunos llevaban una vida normal, como el cubano Roberto Mosquera, que llegó de niño a Florida. Perdió su tarjeta de residente tras cumplir dos penas de prisión, la última por un disparo en una pelea de pandillas cuando era adolescente. Una amiga, Ada, dijo que "cambió de vida" y "se casó, tuvo cuatro hijas preciosas". Sin embargo, el servicio migratorio lo detuvo en un control de rutina y estuvo desaparecido semanas. El gobierno primero dijo que fue enviado a Cuba, pero Ada lo reconoció en una foto publicada en X por la entonces portavoz del DHS, Tricia McLaughlin. Mosquera había sido enviado a Esuatini y recluido sin cargos en la prisión de Matsapha, donde seguía casi un año después, con pérdida de pelo y peso.
Pheap Rom pasó semanas en Matsapha. Él y sus compañeros "conocieron la miseria", con una única salida diaria de 15 minutos y una llamada telefónica semanal. A los enviados a Ghana los mantuvieron detenidos en secreto en un campo militar, sin cargos.
Presión de la OIM para "retorno voluntario"
En la RDC y Camerún, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presiona para que los migrantes firmen un programa de retorno "voluntario" a sus países, según la abogada Alma David. "Nos acorralan porque nos dicen: 'Si no aceptan el programa de retorno, se quedarán atrapados en este lío aquí en el Congo'", dijo la colombiana Gabriela, de 30 años, en un hotel de Kinshasa. "Yo no quería venir al Congo, tengo miedo, no conozco el idioma". Según testimonios, la OIM se negó a facilitar tratamiento médico en Camerún. La OIM indicó que la asistencia "es estrictamente voluntaria y basada en consentimiento informado".
Países que se niegan pagan precio
Para revertir suspensiones de visados, Trump impuso contrapartidas como compartir datos sobre delincuentes o aceptar el retorno de nacionales. Burkina Faso, gobernado por una junta militar hostil a Occidente, se negó. "¿Se trata de una medida de presión? ¿Se trata de un chantaje?", cuestionó el canciller Karamoko Jean Marie Traoré tras la suspensión de visados. "Burkina Faso es una tierra de dignidad, no una tierra de deportación". Poco después, se prohibió la entrada a sus nacionales en Estados Unidos.
Cuando Nigeria rechazó recibir venezolanos en 2025, "sabíamos que habría consecuencias", declaró un exfuncionario nigeriano. Las restricciones de visados no tardaron. Pero muchos países aceptaron. Tras acoger a expulsados, Washington levantó restricciones a Ghana y suprimió aranceles del 15% sobre cacao y productos agrícolas. Guinea Ecuatorial, pese al acuerdo, sigue sometida a sanciones.
Acuerdos secretos y cifras no públicas
El número de expulsados y la lista de países que aceptan recibirlos no se han hecho públicos. Según senadores demócratas, nueve de los 25 Estados con acuerdos están en África. Según ONG, el 40% de los acuerdos confirmados o presuntos son con países africanos (14 de 34). El informe del Senado no menciona a Sierra Leona, que recibió expulsados en mayo, ni a la República Centroafricana, que acogió a otros en junio, incluidos iraníes.
Los abogados a menudo ignoran dónde están sus clientes. De los enviados a Sudán del Sur, Nguyen sabe que están en "un lugar secreto" custodiados por soldados. La prisión de Matsapha es un "agujero negro jurídico", donde los expulsados pueden ser retenidos de forma ilimitada sin acceso a abogados, pese a una decisión del Tribunal Supremo de Esuatini.
Impugnaciones judiciales sin efecto
Las impugnaciones no han detenido a la administración. Kilmar Abrego García, inmigrante salvadoreño, estuvo a punto de ser expulsado a Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia tras ser enviado "por error" a El Salvador. A finales de mayo, un juez abandonó acciones penales en su contra, pero no lo protege de una expulsión.
Benjamin, nigeriano con tarjeta de residencia y casado con una estadounidense, cumplió dos años de prisión por intento de fraude. Un juez consideró que la ley lo protegía de retornar a Nigeria por riesgos políticos. Pero acabó en Ghana, en un campo militar expuesto a mosquitos y enfermedades. La presión de abogados llevó al gobierno ghanés a sacarlos y abandonarlos sin papeles en Togo. "He cumplido mi condena, asumo mis responsabilidades, pero la administración de Trump violó el fallo judicial", dijo en septiembre.
