Diversas organizaciones de abogados en Coahuila se manifestaron en contra del presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, luego de que el magistrado los acusó de fomentar procesos largos a cambio de ganancias económicas. A través de comunicados, el Colegio de Abogados de Torreón y el Foro Profesional de Abogados de Saltillo, así como litigantes independientes, externaron su inconformidad, señalando que de nada sirve presumir un estado seguro cuando el presidente del Poder Judicial los intimida y calumnia.
Los abogados cuestionaron las declaraciones de Mery Ayup, quien en entrevista afirmó que el gremio promueve que los juicios se alarguen para seguir cobrando a los clientes y que no velan por el bienestar de las infancias. “La actitud y las acciones de las y los abogados entorpece, incluso, que pueda haber mediación, que las partes puedan llegar a un acuerdo porque solamente establecen más hilaridad, más enojo y más violencia, en vez de encontrar la justicia”, declaró el magistrado.
El Colegio de Abogados en Torreón consideró que se trata de un ataque a la libertad de expresión y que coarta la seguridad en el ejercicio profesional del gremio. En un comunicado, lamentaron las “desatinadas, vergonzosas e infundadas manifestaciones” del magistrado, que desacreditan el profesionalismo de los abogados litigantes coahuilenses y tienen tintes de intimidación. Sostienen que se pretende limitar los cuestionamientos sobre las deficiencias e injusticias en el Poder Judicial.
Las organizaciones señalaron que los cobros de honorarios son legales y que la tardanza en los juzgados de primera instancia es cotidiana, con demoras de más de dos meses para radicar una demanda o más de tres meses para emitir un acuerdo. Advirtieron que existe déficit de personal, corrupción y que solo progresan los asuntos que “traen línea”. El Foro de Abogados de Saltillo aclaró que no son los abogados quienes exponen los asuntos en medios, sino los ciudadanos que buscan visibilizar problemáticas derivadas de deficiencias en la impartición de justicia.
Los abogados independientes también expresaron su inconformidad, señalando que el planteamiento de incidentes, recursos, excepciones o pruebas constituye el uso legítimo de herramientas jurídicas para garantizar el debido proceso. Pidieron la intervención del gobernador Manolo Jiménez Salinas, indicando que “no se puede presumir que el estado sea el más seguro, cuando el propio presidente del Poder Judicial es de quien deben cuidarse los abogados”.
