Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, presentó en Washington una acusación contra los consejeros del INE por supuestamente haberle obligado a dejar de llamar a Morena “narco partido”. Solicitó al Departamento de Estado que, con base en la legislación estadounidense, se sancione a esos funcionarios por actos de censura, lo que podría implicar el bloqueo de sus activos en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el análisis de la situación, difícilmente su petición será atendida.
Un personaje polémico y su historial
Alejandro Moreno es una de las figuras menos queridas por la opinión pública nacional. Ha sido señalado en numerosas ocasiones por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Campeche. También se le ha reprochado haber destruido la estructura organizacional del PRI y haberlo llevado a una catástrofe electoral.
Es el único presidente de un partido político mexicano que, a la vez, es legislador de la República. Tras una serie de reformas y operaciones internas en el Revolucionario Institucional, impuso su permanencia en la dirigencia y aseguró su fuero constitucional como senador. Es un hombre polémico, detestado por muchos y temido por otros.
La acusación ante el Departamento de Estado
En días recientes, Moreno viajó nuevamente a Washington y presentó una acusación formal contra los consejeros del INE. Les atribuye haberle obligado a dejar de nombrar a Morena como “narco partido”. Pidió al Departamento de Estado que, bajo la propia legislación estadounidense, se sancione a los funcionarios del INE por actos de censura, lo que podría implicar el bloqueo de activos en Estados Unidos.
Con independencia de la solidez de los argumentos de Moreno, lo que es una realidad es que se trata de un acto de desesperación. Por un lado, sabe bien que el PAN y MC venderán extremadamente caro su alianza con el PRI rumbo a 2027. Esto podría provocar un derrumbe absoluto del PRI y, quizás, que el propio Alito se quede sin la protección de un cargo federal, lo que lo dejaría a merced de la FGR y de su enemiga, la gobernadora Layda Sansores.
Posibles consecuencias electorales
Por otro lado, sus acusaciones en Washington, aunque procedieran y el gobierno estadounidense actuara, tendrían nefastas consecuencias electorales para un PRI moribundo. Sería acusado de traidor a la patria, de recurrir a los estadounidenses y, en suma, de vender al país.
Alito sabe bien que el PRI no puede ganar en solitario y que las invectivas por “vender” a México en Washington serán implacables. Sabe también que el Departamento de Estado prestará oídos sordos a un político mexicano condenado al ostracismo. ¿Ha pretendido entonces encender la polémica, ganarse el voto antimorenista a ultranza y defender el valor de su partido frente a MC y al PAN con miras a la elección del año que viene, y así gozar seguro de un cargo como legislador federal? Lo veremos.
El futuro inmediato del PRI y de su dirigente dependerá de la reacción del INE, de los partidos políticos y de la propia ciudadanía, así como de la respuesta del Departamento de Estado ante una solicitud que, según el análisis, tiene pocas probabilidades de prosperar.
