Colombia autorizó a Estados Unidos a realizar operaciones militares conjuntas en su lucha contra el narcotráfico, según anunció este miércoles en Panamá el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. La medida fue revelada durante una reunión de la coalición antidrogas liderada por el presidente Donald Trump, que agrupa a una veintena de países.
Hegseth explicó que la cooperación se concretó tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de sumarse a la coalición. "A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror", señaló el jefe del Pentágono.
Nueva estrategia de seguridad y ayuda económica
La autorización coincide con la postura de De la Espriella, quien el pasado viernes, durante su investidura en un regimiento militar, manifestó su intención de enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales", descartando cualquier negociación de paz con los grupos armados. Ese mismo día, el Departamento de Estado anunció que tiene previsto destinar 1,000 millones de dólares para Colombia en materia de seguridad.
Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, mientras que Estados Unidos es el principal consumidor. En el país sudamericano operan varios grupos ilegales que se financian del narcotráfico, integrados por unas 25 mil personas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025.
Recomposición de la alianza bilateral
La llegada de De la Espriella al poder recompuso la alianza entre Colombia y Estados Unidos, que por años han sido los mayores aliados militares de la región contra el narcotráfico y las guerrillas de izquierda. En las dos últimas décadas, ambos países desplegaron el Plan Colombia y el Plan Patriota, ofensivas a las que Estados Unidos destinó miles de millones de dólares y que debilitaron a los grupos rebeldes, aunque no frenaron el tráfico de cocaína.
Bogotá y Washington también cooperan en operaciones contra el narcotráfico en altamar. Sin embargo, Hegseth aseguró que la Coalición de las Américas contra los Cárteles por fin "va a desmantelar" a esas organizaciones, a las que Trump designó como terroristas.
Presiones regionales y llamado a abandonar la CPI
La alianza reúne a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, con gobiernos de derecha, a los que Hegseth instó a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), a la que Washington no reconoce. "La administración Trump sabe que un patio trasero más seguro significa un hogar más seguro", sostuvo el funcionario, aunque aclaró que su país no busca "dominación".
Enfatizó que en la región también habrá protección frente a "actores extranjeros malignos". "Están a punto de encontrarse con un nuevo sheriff en la ciudad", dijo Hegseth en Panamá, país al que Trump amenazó, desde su regreso al poder en 2025, con recuperar el canal interoceánico bajo el argumento de que estaba controlado por China. En medio de esas presiones, la justicia panameña anuló el contrato de operación de dos puertos a una empresa hongkonesa.
Estados Unidos dio un vuelco en su política antidrogas al iniciar, hace casi un año, una campaña sin precedentes de bombardeos contra supuestas narcolanchas. La ofensiva comenzó en el Caribe y se amplió al Pacífico, y ha causado unos 215 muertos en unos 53 ataques, según un conteo de la AFP. Hegseth aseguró que esos bombardeos provocaron una "caída récord" en el tránsito de dichas embarcaciones.
Juristas internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian esos ataques como ejecuciones extrajudiciales. En ese marco, el secretario alentó a los miembros de la coalición a abandonar la CPI, con facultades para juzgar esas muertes. "La CPI es una 'amenaza' y por eso 'animo encarecidamente' a los países de la coalición a 'abandonar' este organismo", instó.
La medida de Colombia y la nueva estrategia de Washington marcan un cambio en la cooperación regional, aunque persisten críticas por los métodos empleados y las implicaciones legales de las operaciones militares.
