Denuncia contra Rubén Rocha ya se cocinaba; FGR sabía desde febrero
De acuerdo con un expediente al que tuvo acceso Imagen Noticias, con Nacho Lozano, ya existía en México una denuncia presentada el 17 de febrero ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, mucho antes de que las autoridades de Estados Unidos hicieran públicos sus señalamientos.
La acusación contra la administración de Rocha Moya se convirtió en un expediente judicial robusto antes de que las autoridades estadounidenses revelaran sus acusaciones. En la denuncia, presentada por diversas organizaciones como la Alianza Mexicana de Abogados, el Colegio de Abogados y la Alianza Cívica de Sinaloa, se le acusaba de presuntas relaciones y alianzas con el crimen organizado.
El abogado Ricardo Beltrán señaló: “Dijimos y manifestamos que Rubén Rocha Moya le había vendido el alma al diablo, al haberse aliado y confabulado con los poderes fácticos, porque era de todos conocido esa confabulación”.
Señalan delincuencia organizada
La denuncia no se limita a los vínculos con el crimen, sino que documenta una serie de delitos que emanan de la delincuencia organizada. En los documentos se detallan las presuntas amenazas vertidas por Rocha y los procesos que promovió para forzar las renuncias de figuras políticas clave, como los exalcaldes de Culiacán, Jesús Estrada; de Mazatlán, Guillermo Benítez; y de Ahome, Gerardo Vargas. Asimismo, se señala la presión ejercida contra el entonces fiscal del estado, Juan José Ríos Estadillo, quien abandonó su cargo tres años antes de concluir su mandato.
La persecución se habría extendido hasta el actual rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueñas, y a la familia del exrector Héctor Melecio Cuén, asesinado en 2024, según señalaron organizaciones civiles.
“Fuimos las únicas organizaciones que nos atrevimos en medio de todo esto que está sucediendo en el estado, en medio de las venganzas, de las desapariciones, de las complicidades de la propia autoridad con los poderes fácticos”, expresó Beltrán.
Según los denunciantes, la confabulación del gobierno con estos sectores era de conocimiento público mucho antes de la actual crisis. La denuncia ha sido turnada a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
Los promoventes esperan que este recurso legal, sumado a las acusaciones internacionales por narcotráfico, ponga un freno a la espiral de violencia que se recrudeció tras la fractura interna del Cártel de Sinaloa. La guerra entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, que estalló a finales de 2024, ha transformado el panorama de seguridad en la región, pasando de incidentes aislados a una crisis generalizada.
“Se dieron varios culiacanazos, pero a partir del 9 de septiembre de 2024 no fue un culiacanazo, fue un sinaloazo, horroroso, que todavía estamos padeciendo los habitantes de Sinaloa”, concluyó Ricardo Beltrán.
