El derrumbe de parte de un inmueble abandonado en la calle de Nebraska, junto a la lateral del Viaducto de la Ciudad de México, volvió a poner de manifiesto la situación de edificios que permanecen dañados y sin intervención, señaló Sergio Alcocer Martínez de Castro, investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM y Premio Nacional de Ingeniería Civil 2023.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el especialista explicó que el inmueble que colapsó estaba señalado para ser demolido y que el desplome ocurrió posiblemente durante el proceso de demolición, mientras se realizaban trabajos para retirar los escombros. Advirtió que en la Ciudad de México todavía existen edificios que resultaron afectados por los sismos de 2017 y que no han sido rehabilitados.
Obstáculos legales impiden la rehabilitación
Alcocer explicó que una de las dificultades para intervenir estos inmuebles son los problemas legales derivados del régimen condominal. En algunos casos, señaló, basta con que uno de los propietarios no esté de acuerdo con la rehabilitación para que los trabajos no puedan realizarse. Como ejemplo mencionó un inmueble cercano a Parque España, donde todavía viven algunas personas pese a que el edificio presenta daños.
A juicio del investigador, esta situación muestra la necesidad de ajustar las políticas públicas y las normas de la Ciudad de México para incrementar la resiliencia de la capital y permitir que los edificios que permanecen en condiciones de riesgo puedan ser intervenidos. El especialista señaló que, dependiendo de las condiciones de cada inmueble, la intervención puede consistir en una rehabilitación o en su demolición, con la posibilidad de destinar posteriormente el terreno a otros usos.
Las lecciones de 1985
Alcocer ubicó el sismo de 1985 como un punto de quiebre en la regulación de la construcción en México. Explicó que en aquel momento estaba vigente una norma de 1976 que seguía las tendencias internacionales, pero que existía una desconexión entre el comportamiento esperado de los edificios conforme a esa regulación y el que realmente podían alcanzar las estructuras diseñadas bajo sus criterios.
“Esto nos llevó duramente a aprender esta falta de correlación dentro de la propia norma”, explicó. A raíz del terremoto de 1985 se expidió una norma de emergencia y posteriormente un reglamento en 1987, con el que se corrigieron los defectos identificados en la regulación de 1976.
De acuerdo con el investigador, una de las principales enseñanzas fue que los reglamentos de construcción son fundamentales para garantizar condiciones mínimas de seguridad, pero también que su existencia no basta si sus disposiciones no se cumplen. “Y es preferible tener un reglamento sencillo, quizás no necesariamente muy complejo, muy completo, pero que se observe, a tener un reglamento muy elaborado, muy completo en términos de sus requisitos, pero que no se observe, que no se siga”, afirmó.
Por ello, consideró que quienes elaboran las normas deben encontrar un equilibrio entre la cantidad de requisitos, los avances técnicos y las condiciones reales de aplicación, además de presentar las disposiciones de manera que puedan ser interpretadas correctamente.
Lo que reveló el sismo de 2017
México también mejoró después de 1985 la calidad de los materiales, de la construcción y de la inspección. Sin embargo, el sismo de 2017 volvió a exhibir errores que ya habían sido identificados décadas antes. Alcocer señaló que algunos de los edificios que tuvieron un comportamiento deficiente en 2017 habían sido construidos antes de 1985, pero también hubo inmuebles posteriores a ese año que volvieron a presentar problemas.
A partir de esas experiencias, destacó la necesidad de mantener criterios básicos en el diseño de las estructuras, como procurar que los edificios sean lo más simétricos posible y evitar salientes o cambios bruscos en sus alturas y en las dimensiones de columnas y otros elementos estructurales. Esta tarea, explicó, requiere una coordinación permanente entre ingenieros y arquitectos.
El objetivo, dijo, no es limitar la creatividad o funcionalidad de los proyectos, sino garantizar que las decisiones de diseño también consideren la seguridad de las personas. “Nosotros no queremos de ninguna manera inhibir la creatividad y el desarrollo de edificios bellos, funcionales, pero sí también le tenemos que salvaguardar y es nuestra responsabilidad la vida humana”, expresó.
El investigador también subrayó que la calidad de la construcción es determinante para el comportamiento final de un edificio. Por ello, consideró que no debe reducirse la calidad respecto de lo establecido en las memorias de cálculo y los planos de construcción. La experiencia de 2017 llevó además a ampliar la visión sobre la seguridad estructural para considerar el ciclo completo de los proyectos: desde su planeación y diseño hasta la construcción, operación y mantenimiento.
Explicó que durante los sismos de 2017 se identificaron edificios cuyo comportamiento se vio afectado por problemas de mantenimiento, como humedades o juntas de construcción que tenían cascajo. Estas condiciones contribuyeron al deterioro de materiales o al golpeteo entre edificios. “Todo esto lo hemos venido aprendiendo y lo hemos tratado de incorporar en las normas”, señaló.
Una ley de construcciones para la CDMX
El especialista agregó que participó en el desarrollo de una ley de construcciones para la Ciudad de México, a partir de una solicitud que le hizo en su momento Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno y actualmente presidenta de México. Explicó que el proyecto buscó reconocer las atribuciones y facultades de los distintos actores que participan en los proyectos de construcción, con el propósito de ordenar el proceso y establecer responsabilidades. En ese trabajo, indicó, colaboró también el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío.
Sostuvo que México ha aprendido de los sismos de 1985 y 2017 y ha incorporado esas experiencias a sus normas, pero señaló que todavía es necesario insistir en mantener la calidad tanto en el diseño como en la construcción de las edificaciones. En el caso de los inmuebles dañados que permanecen sin intervención, consideró necesario establecer mecanismos que permitan evaluarlos y determinar si deben ser rehabilitados o demolidos, de manera que la experiencia de los terremotos anteriores se traduzca en medidas para reducir riesgos futuros.
