La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que exoneró al Ejército mexicano de cualquier responsabilidad institucional en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014. Tras casi 12 años de investigaciones, el organismo concluyó que no existen elementos suficientes para atribuir culpa a las fuerzas armadas, ni evidencia que respalde la existencia de un plan de exterminio dirigido desde el Estado contra los normalistas.
Antecedentes del caso y la "verdad histórica"
Desde los primeros días tras la desaparición, el Ejército mexicano cayó bajo sospecha debido a que elementos del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, monitorearon los hechos, recibieron reportes sobre los ataques y tuvieron contacto con estudiantes sobrevivientes. Sin embargo, el periodista Miguel Ángel Godínez García, quien ha dado seguimiento al caso desde este espacio, sostiene que siempre denunció como infundadas esas acusaciones.
La llamada "verdad histórica" impulsada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam identificó como núcleo de la operación criminal al presidente municipal de Iguala y a su esposa, así como a las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Tepecoacuilco e Ixcateopan, que actuaron en coordinación con el grupo criminal Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes fueron confundidos con integrantes del cártel Los Rojos y habrían tomado un autobús que transportaba 300 kilos de heroína con destino a Estados Unidos.
La administración de López Obrador y la Comisión para la Verdad
Al asumir la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador desechó la narrativa de la "verdad histórica" y creó la Comisión para la Verdad, encabezada por Alejandro Encinas. No obstante, la investigación terminó por enredarse aún más y numerosas órdenes de aprehensión fueron canceladas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también terminó retirándose del caso.
Desde un inicio, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y posteriormente Luis Cresencio Sandoval, sostuvieron que ningún elemento militar participó en los hechos. Ambos permitieron el acceso a las instalaciones militares y entregaron toda la documentación existente en los archivos de la Defensa Nacional, según Godínez García.
La recomendación de la CNDH
La CNDH retomó ese razonamiento y en su más reciente recomendación concluyó que no encontró elementos suficientes para atribuir responsabilidad institucional al Ejército mexicano. El organismo fue más allá al señalar que la insistencia en hipótesis no sustentadas contribuyó a desviar la atención de los principales responsables: una red integrada por autoridades municipales infiltradas por el narcotráfico y policías locales al servicio de Guerreros Unidos.
"Fue exonerado el Ejército mexicano de algo que nunca hizo", escribió Godínez García en su columna.
Declaraciones de la DEA y tensiones con Estados Unidos
En otro frente, Terrance Cole, titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), advirtió hace tiempo que las acusaciones contra políticos mexicanos apenas comenzaban. Recientemente, declaró que existe una "conexión mortal" entre los cárteles y el gobierno mexicano. Estas declaraciones motivaron un categórico rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también generaron una gran preocupación en la Cuarta Transformación (4T).
La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas —lista a la que se sumaron el Cártel de Juárez y Los Viagras— permite que cualquier persona que les brinde apoyo, protección o información pueda ser investigada por terrorismo y detenida por el FBI o la DEA, incluso fuera de Estados Unidos.
Caso de la gobernadora de Baja California
En este contexto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a quien le fue cancelada su visa por presuntos vínculos con el crimen organizado, buscó negociar con el FBI. Según audios difundidos y reconocidos por ella, se puso en contacto con intermediarios. En ese afán, ofreció entregar información relacionada con las mesas de trabajo del Gabinete de Seguridad, donde se discuten las estrategias contra el crimen organizado y los operativos de las Fuerzas Armadas.
Godínez García calificó esa acción como "traición a la patria", pero también como traición a Morena y a la presidenta Sheinbaum. Ante el escándalo, la gobernadora quiso recular y acusó a su antecesor, Jaime Bonilla, de haberla puesto en contacto con dichos intermediarios. Sin embargo, el columnista considera que la versión "no tiene sentido y es absurda", ya que entre Bonilla y ella priva la enemistad. El mismo Bonilla dijo que no son amigos e incluso ratificó su versión de que Marina del Pilar protege a los cárteles.
"Esto se lo dije a AMLO cuando entregué mi cargo, pero no pasó nada. Él me exigió pruebas. En lugar de actuar, fue a BC y le levantó la mano", declaró Bonilla, según Godínez García.
Interrogantes sobre la protección política
El periodista se pregunta: "¿Qué tanta información tiene Marina que le interesa a EU? ¿Lo que diga podría alcanzar a AMLO y a alguno de sus hijos? ¿Por eso la protección?"
Finalmente, Godínez García menciona la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y sugiere que podría tratarse de una maniobra para desviar la atención de los casos de Marina del Pilar, Rubén Rocha, Enrique Inzunza y otros.
