La puesta en marcha de la Operación “Enjambre” ha derivado en 15 sentencias condenatorias que suman un total de mil 146 años y seis meses de cárcel para 20 objetivos priorizados, entre los cuales se encuentran expresidentes municipales, mandos policiales y elementos en servicio activo. La estrategia se ejecutó en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional, la Mesa de Paz del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía mexiquense.
Las investigaciones se originaron tras el descubrimiento de restos humanos correspondientes a diez víctimas en pozos ubicados en el municipio de Nicolás Romero. A partir de ese hallazgo, las labores de campo y gabinete permitieron vincular a mandos y policías de dicha demarcación con delitos de alto impacto, ampliándose posteriormente las líneas de pesquisa hacia otras regiones del estado. Las actuaciones documentaron la posible participación de funcionarios públicos en delitos como homicidio, secuestro, secuestro exprés, extorsión, evasión fiscal y desaparición forzada.
Entre las resoluciones judiciales destacan sentencias como las dictadas contra María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, quien recibió 70 años de prisión por homicidio; Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Nicolás Romero, condenado a 40 años por homicidio y 150 años por secuestro exprés; y Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, sentenciado a 50 años por secuestro exprés. Asimismo, se registran condenas para otros exmandos y policías municipales por crímenes como extorsión, desaparición forzada y homicidio calificado, con penas que oscilan entre un año y 150 años de cárcel.
La Fiscalía estatal confirmó que la Operación “Enjambre” permanece activa y que continúan integrándose carpetas de investigación contra servidores públicos de administraciones vigentes y pasadas. Los expedientes serán judicializados ante el Poder Judicial del Estado de México conforme se consoliden los elementos probatorios necesarios para avanzar en los procesos legales correspondientes.
