Los vecinos del edificio en Patricio Sanz 529, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, enfrentan una situación de acoso y presunto intento de despojo por parte del concejal de Morena, Hugo Torres Zumaya. Desde inicios de año, el funcionario, sin atribuciones legales para intervenir, ha presionado a los residentes para que abandonen sus viviendas y permitan el inicio de obras de rehabilitación, a pesar de que cuentan con un amparo que exige la entrega previa de la documentación del proyecto.
Un amparo que protege a los residentes
Vanessa Mesa, propietaria de uno de los departamentos, explicó en entrevista con Excélsior que llevan tres años esperando que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México les entregue los detalles técnicos de la obra. En dos ocasiones, septiembre de 2024 y marzo de este año, han obtenido amparos para impedir que las obras comiencen sin esa información. El edificio fue catalogado con riesgo medio-bajo tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, y los vecinos temen que una intervención mal planificada pueda agravar su situación.
La incertidumbre es alta: no saben si la obra implicará una demolición parcial, un reforzamiento estructural o cambios en la distribución de los departamentos. “No nos oponemos a la rehabilitación, pero queremos saber qué van a hacer con nuestras casas”, afirmó Mesa.
Intimidación y grupos de choque
Según los denunciantes, Torres Zumaya se presentó al edificio acompañado de una mujer que se identifica como Paula Gorostiaga, supuesta asesora jurídica del gobierno capitalino, aunque funcionarios locales niegan que tenga ese cargo. Ambos instalaron un grupo de choque que presionó a los vecinos con frases como: “nosotros nos hemos dedicado junto con la licenciada y el concejal a cuidar otros edificios que están en estas condiciones, edificios que se van a caer, para que los arreglen y se vendan”. Esa declaración generó temor entre los residentes, quienes interpretaron que buscan quedarse con las propiedades.
El acoso se ha intensificado contra el vecino que interpuso el amparo más reciente. Lo acusaron falsamente de maltratar a su madre de 94 años, pidiendo que ella fuera llevada al DIF y que él recibiera una condena de seis meses de cárcel. La denuncia no prosperó por falta de pruebas, pero dañaron su departamento al perforar el tubo de agua con una broca, causando fugas y otros problemas.
Un despojo consumado
La situación más grave ocurrió con una vecina de 84 años. Tras el fallecimiento de su esposo, sus hijos la llevaron a vivir con ellos durante unos meses. Al regresar en mayo pasado, encontró tapiada la entrada al quinto piso, tanto por el elevador como por las escaleras, y no pudo acceder a su departamento. Ya interpuso una denuncia por despojo ante las autoridades.
Este caso evidencia el modus operandi que los vecinos atribuyen al concejal: aprovechar la vulnerabilidad de los residentes para ocupar los espacios. “Ya hubo un caso que lamentar”, señaló Mesa, refiriéndose a la señora de 84 años, y pidió la intervención inmediata de las autoridades para frenar estas acciones.
Exigen intervención de la autoridad
Los habitantes de Patricio Sanz 529 solicitan que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos capitalina investiguen los hechos. También piden que el concejo ciudadano de Benito Juárez se pronuncie sobre la conducta de Torres Zumaya, quien insiste en que debe permitirse el inicio de las obras, ignorando los amparos vigentes.
Mientras tanto, la vida en el edificio se ha vuelto insostenible: la zozobra es constante, y los vecinos temen que el acoso escale. “Queremos que nos dejen vivir en paz y que se respete la ley”, concluyó Mesa.
