El incremento de la inseguridad ciudadana en Perú se perfila como el principal desafío que deberá afrontar el próximo mandatario del país, quien será elegido el domingo 7 de junio entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Este fenómeno afecta con especial crudeza a los autobuses de transporte urbano en Lima, la capital.
Crecimiento de la delincuencia y extorsiones
En los últimos dos años, la inseguridad ha aumentado de manera notable, con bandas criminales que exigen pagos a negocios y empresas en zonas populares bajo amenazas de muerte, lo que ha elevado la tasa de homicidios. Un representante de transportistas, que prefirió mantener el anonimato, declaró a EFE: "Las cosas están muy difíciles. Todos los dirigentes están amenazados. No podemos dar la cara como si no pasara nada. Están asesinando a los que denuncian".
Estados de emergencia sin resultados
Desde 2024, se han declarado estados de emergencia en un intento por frenar la delincuencia, pero sin éxito notable, ya que los asesinatos de conductores continúan a pesar de las numerosas huelgas de transportistas. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, en Lima y la vecina provincia portuaria del Callao se registraron 93 asesinatos en el transporte público, especialmente en el sector informal, que representa más del 70 % del total.
El transportista J.C. acudió junto a otros colegas a una comisaría en el centro de Lima para exigir a las autoridades que no liberen a uno de los cabecillas de la organización conocida como 'Los gallegos de Huacho', que los extorsiona desde hace meses. Desde allí, expresó indignado a EFE que la extorsión no ha dejado de crecer desde 2024 y que la situación empeoró tras la aprobación en el Congreso de las llamadas leyes "procrimen".
"Estamos desamparados totalmente. Mientras el gobierno hace caso omiso y no escucha, la población se sigue desangrando, sigue con extorsiones y no hay ninguna voluntad política de derogar las leyes procrimen", afirmó J.C. Explicó que las bandas exigen pagos iniciales de 50.000 soles (14.700 dólares) y luego, bajo amenazas de muerte y envíos de bombas a sus domicilios o centros de trabajo, les exigen pagos mensuales o diarios.
"Estamos cansados de que nos sigan asesinando. Ya no roban un celular, se han convertido en bandas organizadas de extorsionadores", agregó. J.C. pide derogar las "leyes procrimen", un conjunto de normas contra la delincuencia impulsadas por el fujimorismo y otras fuerzas conservadoras en el Congreso, cuyo efecto ha sido el contrario, pues "saben perfectamente que, a raíz de estas normas, las bandas siguen operando y asesinando a todos los sectores, no solo a transportistas".
Propuestas de los candidatos
Keiko Fujimori ha puesto como primer punto de su programa "recuperar el orden ciudadano", con una propuesta de "mano dura" en la que afirma que combatirá la extorsión y fortalecerá la presencia del Estado en los barrios y zonas productivas. Propone incrementar el patrullaje motorizado y aéreo con drones y tecnología GPS, la intervención militar y policial en la frontera con Ecuador para el control fronterizo y reducción del crimen organizado, financiar 1.000 patrulleros inteligentes, 10.000 cámaras interconectadas y la construcción de cuatro "megaprisiones" de máxima seguridad, entre otras medidas.
Por su parte, Roberto Sánchez ha basado su campaña en proponer una nueva constitución, descentralizar el país y reducir la pobreza. En intervenciones en medios, ha planteado la reestructuración de la Policía Nacional y la incorporación de rondas campesinas en labores de prevención primaria para combatir el crimen en zonas rurales.
