La relación agrícola entre México y Estados Unidos en materia de azúcar no ha sido, precisamente, “muy refinada”. Al tratarse de un producto cuya siembra depende de la disponibilidad de lluvia en ambos países, un año de sequía puede generar distorsiones importantes en el mercado. De ahí la relevancia de la política agrícola y de la negociación encabezada por el exsecretario de la Sader, Julio Berdegué, con el equipo de la USDA, mediante la cual se restableció la cuota de exportación de azúcar hacia EU.
Antecedentes del acuerdo azucarero
Este acuerdo permitirá reducir la recurrencia al mercado de excedentes para colocar la producción sobrante de México a precios muy bajos. Sin embargo, el esquema seguirá sujeto a la variabilidad de los ciclos agrícolas del principal mercado del mundo: el de nuestro vecino del norte. Hace dos años, la sequía provocó una caída en la producción de hasta 4.7 millones de toneladas de azúcar, por lo que México tuvo que cubrir sus necesidades mediante importaciones. Como consecuencia, la USDA excluyó al país de la distribución de cuotas de excedentes.
El año pasado, la producción se recuperó, pero fue necesario vender el excedente a precios bajos en el mercado internacional. Ahora, con el cambio de fórmula negociado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para la asignación de excedentes, en un año como éste, con una producción estimada de 5.3 millones de toneladas de azúcar en sus diferentes tipos, será posible comercializar 500 mil toneladas de excedentes, en lugar de las 180 mil toneladas estimadas previamente.
Detalles del nuevo acuerdo
Asimismo, para el ciclo octubre 2026-2027, la actualización del arancel a 156, que quedó Ad Valorem, permitirá colocar 1 millón 100 mil toneladas, es decir, el doble. El acuerdo también mejorará los precios para los cañeros, cuya actividad depende de casi medio millón de productores. Se anticipa un beneficio cercano a 5 mil millones de pesos.
Aún queda pendiente una parte de las conversaciones bilaterales para que EU aumente el arancel, que hoy es cercano a dos por ciento. En el mercado de excedentes, los precios se encuentran en niveles de dumping, por lo que un ajuste permitiría una mayor estabilización del mercado internacional del azúcar en beneficio de los agricultores de la región de Norteamérica.
Impacto y perspectivas futuras
Se trata de un muy buen acuerdo bilateral, menos escandaloso que el clima de tensión cotidiano que ha caracterizado la relación entre México y EU. No obstante, la producción cañera y su agroindustria podrían obtener mayores beneficios si no dependieran únicamente de la producción de alcohol y otros subproductos, sino también del desarrollo de la producción de etanol y de la biogeneración en los ingenios azucareros.
Se tiene entendido que el sector productivo ya entregó la propuesta de ruta a la secretaria de Energía, Luz Elena González, para producir etanol a base de caña y abastecer de manera sustentable y estable a Pemex, con el propósito de sustituir 10% de MTBE que actualmente se incorpora a los combustibles automotrices, respetando la limitante en las zonas metropolitanas, como el Valle de México, donde la problemática de la concentración de ozono hace que su uso esté prohibido.
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DE FONDOS A FONDO #BanFeliz… Surgió un nuevo antecedente en la venta privada de las acciones de BanFeliz que merece revisión: Fernando García Sada y Sergio Elizondo (todavía preso) habrían recibido anticipadamente los recursos derivados de la venta de Financiera Más (sofipo) para pagar sus abultados pasivos, pero dicha operación no se ha concretado porque no ha sido aprobada por la CNBV, que preside Ángel Cabrera. Es el mismo tipo de operación, por la información disponible, que se pretende replicar con Klu y BanFeliz, pero al tratarse de una institución de banca múltiple (aunque tiene 0.01% de los activos del sistema), el riesgo es mayor al involucrar recursos del público y la estabilidad de una entidad respaldada por el IPAB. De ahí la necesidad de que el origen de los recursos (200 millones de afac’s de 2025 y 50 millones de febrero a la fecha) y la idoneidad de que nuevos accionistas sean previamente validados por la autoridad y no presentar como hechos consumados, “por si pega”, se convierte en un proceso de supervisión indispensable que requiere entre nueve meses y un año en el mejor de los casos.
