El pasado 2 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decidió excluir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de su nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa. Esta decisión marca un punto de inflexión en la narrativa oficial, ya que la CNDH, encabezada por Rosario Piedra, conocida por su postura crítica hacia las fuerzas armadas, reconoció que los militares no tuvieron participación en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La postura de Jorge Fernández Menéndez
El periodista Jorge Fernández Menéndez, quien ha investigado el caso desde 2014, sostiene que los militares carecían de atribuciones de seguridad pública en ese entonces, por lo que su intervención habría sido ilegal. Según su análisis, la consigna de un "crimen de Estado" se construyó con falsedades, sin pruebas y con testimonios de testigos protegidos que han sido desmentidos por los hechos. Los jóvenes fueron detenidos por policías municipales, entregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos y asesinados, sin que hubiera actuación militar individual o institucional en ese proceso.
El contexto de violencia previa
Un informe militar de finales de 2024 detalla que, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa realizaron 108 actos similares en Guerrero, incluyendo robos de autobuses, incendio del palacio municipal de Iguala, 20 marchas, cinco mítines, siete bloqueos carreteros, 42 acciones de boteo, cuatro caravanas, cinco retenciones de vehículos, tres tomas de instalaciones, 15 extracciones ilegales de combustible y siete reuniones plenarias. Este contexto de violencia y enfrentamientos políticos y criminales fue el escenario en el que ocurrió la tragedia.
Las comunicaciones de esa noche
La última llamada con autoridades locales se registró a las 21:55 horas, cuando el jefe del 27 batallón, el entonces coronel José Rodríguez Pérez, contactó al coordinador operativo de la policía estatal, José Adame Bautista, quien le indicó que no saldrían hasta recibir órdenes. Una hora después, Rodríguez Pérez habló con el jefe de la policía municipal, Felipe Flores, quien aseguró que la situación estaba controlada y que no requerían apoyo. Una patrulla militar se dirigió al hospital Cristina, donde se habían refugiado algunos jóvenes; permanecieron con ellos unos minutos, solicitaron una ambulancia y se retiraron. Cuando la ambulancia llegó, los jóvenes ya se habían ido, y uno de ellos apareció minutos después en una conferencia de prensa improvisada con medios nacionales y locales.
El papel de los policías municipales y los sicarios
Fueron los policías municipales quienes entregaron a los estudiantes a los sicarios de Guerreros Unidos, como ellos mismos aceptaron y como lo demuestran las llamadas intervenidas por la DEA entre capos del grupo criminal, en las que se pide ocultar los hechos a los militares. El soldado Julio César López Patolzin, que estudiaba en la normal y fue secuestrado junto con los demás jóvenes, no tenía entrenamiento en inteligencia ni envió reporte alguno a sus mandos militares durante las pocas semanas que estuvo en la normal.
La manipulación política del caso
Según Fernández Menéndez, el caso Ayotzinapa ha sido utilizado por sectores radicales de la Cuarta Transformación, cuyo principal exponente de poder es Jesús Ramírez. La investigación de la CNDH concluyó algo muy similar a la llamada "verdad histórica", que había sido desestimada por el gobierno actual. La mayor manipulación, en la que intervino directamente Ramírez, fue el intento de involucrar a militares mediante falsos testimonios, con la participación del primer fiscal especial Omar Gómez Trejo y el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quienes convirtieron a sicarios confesos de Guerreros Unidos en testigos protegidos a cambio de su liberación, para involucrar a mandos militares.
Conclusión
La CNDH, una de las instancias más cercanas a los grupos radicales, tuvo que aceptar la realidad y deslindar por completo al Ejército del secuestro y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Fernández Menéndez concluye que mientras no se acepten los hechos comprobados y se siga dando crédito a especulaciones y teorías de la conspiración, la tragedia no podrá tener un cierre político, social y humano.
