Bruselas, 2 jun (EFE).- El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea han dado un paso adelante en la creación de centros para la deportación de inmigrantes en terceros países, una medida que representa un endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea y que ha encontrado la oposición de España desde su planteamiento inicial.
Claves del acuerdo sobre el Reglamento de Retornos
El acuerdo político sellado este lunes sobre el llamado Reglamento de Retornos tiene como objetivo agilizar la expulsión de migrantes en situación irregular. A continuación, se detallan los puntos principales del acuerdo y los siguientes pasos institucionales para su implementación.
Centros de deportación fuera de la UE
La norma permitirá a los Estados miembros establecer centros de deportación fuera del territorio de la UE. Estos espacios podrán funcionar como destino final o como centros de transferencia para facilitar la expulsión hacia el país de origen u otro tercer país.
Exclusión de menores y garantías de derechos humanos
Los menores no acompañados quedan totalmente excluidos de estas medidas. Además, los acuerdos solo se firmarán con países que respeten los derechos humanos internacionales y el principio de no devolución.
Detención de migrantes
Se contempla la detención de nacionales de terceros países que presenten riesgo de fuga o supongan un riesgo para la seguridad. La detención deberá ser ordenada por una autoridad administrativa o judicial y será de hasta 24 meses, con la posibilidad de una prórroga de seis meses si cambian las circunstancias, surge nueva información o mejora la cooperación con el tercer país en cuestión.
Si un nacional de un tercer país se traslada a otro Estado miembro y existen motivos para su detención, podrá aplicarse un nuevo período de detención.
Obligaciones y sanciones para migrantes
Se imponen estrictas obligaciones a los migrantes en situación irregular, quienes deberán cooperar con las autoridades nacionales y abandonar el territorio. El incumplimiento de esta cooperación conllevará medidas como la reducción de beneficios y ayudas económicas nacionales, o la retirada de incentivos para el retorno voluntario. Además, si la legislación nacional de cada país lo permite, se podrán imponer sanciones penales que incluyen penas de prisión.
Orden Europea de Retorno
Se introduce la Orden Europea de Retorno (ERO), un documento estandarizado donde los Estados miembros registrarán los elementos esenciales de cada decisión de expulsión. El objetivo es facilitar el reconocimiento mutuo de estas decisiones entre países. Inicialmente, esta fórmula será voluntaria, y la Comisión evaluará su funcionamiento tres años después de su entrada en vigor para estudiar si pasa a ser obligatoria.
Medidas especiales para amenazas a la seguridad
Para aquellas personas que supongan una amenaza para la seguridad, el reglamento contempla medidas especiales. Los Estados miembros podrán dictar prohibiciones de entrada que superen el límite habitual de diez años o incluso vetos de carácter indefinido, además de poder imponer el internamiento en prisión.
Posición de España
El Gobierno español, desde el planteamiento inicial del reglamento, mostró su rechazo explícito a todas aquellas soluciones que contemplen la creación de centros de retención o deportación de migrantes en terceros países fuera de la Unión Europea.
España se expresó a favor de mejorar la eficacia de las políticas de retorno y apoya una reflexión consensuada en el seno de la UE, pero condiciona firmemente cualquier avance a que las medidas se ejecuten bajo el respeto estricto de los derechos humanos y el derecho internacional.
Madrid defiende ante sus socios comunitarios una política migratoria de carácter preventivo, fundamentada en la cooperación bilateral con las naciones de origen y tránsito para combatir a las mafias que trafican con personas. Según datos del Ministerio del Interior, este modelo funciona y logra evitar en origen el 40 % de las salidas irregulares.
Próximos pasos
El acuerdo político provisional, alcanzado bajo los trabajos de Chipre, que preside este semestre el Consejo de la UE, debe ser refrendado formalmente tanto por el Consejo (países) como por el Parlamento Europeo tras someterse a una revisión jurídico-lingüística. El reglamento comenzará a implementarse inmediatamente después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque una serie de disposiciones específicas no serán aplicables hasta 12 meses después para dar tiempo a los Estados miembros a adaptar sus legislaciones.
