Un informe de Amnistía Internacional (AI) revela que cientos de personas han muerto en prisión y más de 90 mil fueron detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción en El Salvador, lo que podría constituir "crímenes de lesa humanidad". El documento, titulado "Seguridad sin derechos", fue presentado el miércoles y documenta al menos 470 muertes en centros de detención hasta diciembre pasado.
Muertes bajo custodia sin investigación
Según AI, en varios casos se registraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte o indicios de violencia física y negligencia médica. La mayoría de los fallecidos no habían sido condenados y su vida "dependía por completo del Estado". Ana Piquer, directora regional de AI, afirmó que "ninguna de estas muertes ha dado lugar a una investigación efectiva" para identificar a los responsables. "Hay madres que recorrieron cárceles por semanas sin saber dónde estaban sus hijos, personas detenidas sin conocer las razones, familias que recibieron el cuerpo sin vida de un ser querido sin una explicación convincente sobre su muerte", declaró Piquer durante la presentación en línea del informe.
Detenciones masivas y tortura sistemática
El informe también señala que más de 90 mil personas fueron capturadas "arbitrariamente" desde 2022, cuando se instauró el régimen de excepción. Las detenciones masivas, las denuncias sistemáticas de tortura, las desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia estatal "no pueden entenderse como incidentes aislados, sino como parte de un patrón de abusos que, por su escala y organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad", subraya el documento.
Contexto del régimen de excepción
El presidente Nayib Bukele, quien aspira a un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, gobierna con amplios poderes bajo un estado de excepción que, desde marzo de 2022, permite detenciones sin orden judicial. La medida fue implementada tras un repunte de homicidios atribuido a las pandillas y ha sido prorrogada periódicamente por la Asamblea Legislativa. El régimen suspende varias garantías constitucionales, como el derecho de defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Críticas internacionales y popularidad interna
Esta denuncia se suma a la de un grupo de juristas internacionales que en marzo pasado acusó al gobierno de Bukele de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo torturas y desapariciones, que podrían representar crímenes contra la humanidad. A pesar de las críticas, la guerra contra las pandillas ha reducido la violencia a mínimos históricos y ha convertido a Bukele en uno de los mandatarios más populares de Latinoamérica. Su estrategia, cuyo símbolo es una megaprisión para pandilleros, también ha concentrado todos los poderes del Estado, lo que en 2025 le permitió instaurar la reelección indefinida.
Impacto y división en El Salvador
El régimen de excepción ha dividido a la sociedad salvadoreña. Por un lado, ha reducido los índices de homicidios a niveles históricamente bajos y ha mejorado la percepción de seguridad, según estadísticas oficiales y encuestas. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición denuncian abusos sistemáticos. El modelo también ha despertado interés en otros países de la región que enfrentan altos niveles de violencia vinculada al crimen organizado.
