Con un registro propio de más de 38 mil desapariciones desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, madres buscadoras y organizaciones no gubernamentales rechazan la cifra oficial de personas desaparecidas presentada por el gobierno federal en el Resumen de Resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
En entrevista con EL UNIVERSAL, las activistas acusaron que el censo mostrado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, es una simulación, pues muchos colectivos de rastreadoras y familiares de desaparecidos no fueron tomados en cuenta para el conteo. Bibiana Mendoza, líder del colectivo nacional Hasta Encontrarles, declaró: “Es desgarrador y violatorio a nuestros derechos humanos disminuir y minimizar a las personas desaparecidas con estas cifras. Nosotras no nos inventamos una cifra negra, sino que sabemos que nuestro registro triplica al número presentado”.
De acuerdo con el resumen oficial, actualmente existen 110 mil 964 registros de personas desaparecidas en México, de los cuales 36 mil 22 no tienen indicios para búsqueda; 26 mil 90 no tienen datos suficientes para identificar; 17 mil 843 son personas ubicadas; 16 mil 681 corresponden a personas localizadas, y 12 mil 377 son personas desaparecidas actualmente en investigación. Sin embargo, la buscadora guanajuatense señaló que el corte está “desinflado”, pues más de 24 colectivos de madres buscadoras cuentan con un subregistro de cifras negras no contempladas en el censo, alcanzando más de 150 mil desaparecidos en el sexenio.
Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió al gobierno federal detener los ataques y descalificaciones desde la conferencia mañanera contra las familias de desaparecidos. Afirmó que en Sonora desaparecen hasta 10 personas al día y negó que los grupos de buscadoras fueran censados por el gobierno o comisiones locales. “Los desaparecidos no se buscan en su casa, se buscan en las fosas clandestinas, en las calles donde asesinan por culpa de la estrategia de seguridad ‘abrazos, no balazos’”, reclamó.
Ambas activistas coincidieron en que desde la renuncia de la excomisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, familiares pronosticaban un reporte maquillado que minimizara la crisis. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) señaló que las estadísticas buscan diluir una crisis que se salió de control en los pasados seis años.
