La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe en el que señala que México enfrenta “una grave crisis” de desaparición de personas y de identificación humana de cuerpos bajo custodia del Estado. El delito es “generalizado” y las víctimas incluyen niños, jóvenes, mujeres, niñas, migrantes, personas LGBTI, periodistas y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, con corte en febrero de 2026, existen más de 128 mil reportes de casos, de los cuales 18 mil 192 son menores de edad. Estimaciones independientes indican que la cifra de cuerpos no identificados supera los 70 mil.
La CIDH destaca que la desaparición de personas en México tiene una relación fundamental con el crimen organizado, que en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales. El fenómeno no se limita a una sola entidad, aunque hay altas concentraciones en Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, así como en el “Corredor del Pacífico” que abarca Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa.
El informe reconoce que el Estado mexicano ha tomado acciones desde 2018, como la creación de instituciones y la adopción de normativas, pero persisten desafíos en prevención, acceso a la justicia y políticas de memoria. La CIDH señala que hay un déficit de confianza entre las familias y las autoridades, debido a la ineficacia y la transferencia de responsabilidad hacia los propios familiares.
La comisión insta al Estado a adoptar medidas extraordinarias para reorganizar las investigaciones y la jurisdicción sobre la desaparición de personas, así como a considerar el contexto de criminalidad organizada y posibles indicios de involucramiento de agentes estatales.
