El próximo 3 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará en Washington su primera audiencia temática sobre violencia vicaria a nivel interamericano, con el objetivo de colocar esta problemática en la agenda del sistema y en la opinión pública como una violación a los derechos humanos. La audiencia contará con la participación de tres mexicanas que han sido víctimas de esta forma de agresión, cuyas denuncias individuales representan los primeros casos sobre el tema admitidos por el organismo internacional.
¿Qué es la violencia vicaria?
La violencia vicaria es una forma de agresión de género en la que el agresor daña a la mujer a través de sus seres más amados, principalmente sus hijos, mediante la retención, la manipulación o el retiro de la custodia. La coordinadora del Área de Defensa de las Mujeres de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C, Ie Tze Rodríguez, explicó en entrevista: "La madre, la mujer, es el blanco de este agresor, pero el golpe no se lo dan a ella, ya no es un golpe físico. Es un golpe más psicológico, una tortura psicológica y esto lo hacen usando a las infancias o adolescencias, ya sea reteniendo para que no vean a la mamá, quitándoles la custodia, manipulando a los hijos para que ellos generen violencia en contra de la madre. En casos muy extremos se puede llegar incluso al infanticidio, con tal de lesionar y generar este daño a las madres".
A nivel nacional, entidades como Yucatán, Hidalgo, Sinaloa, Colima, Puebla y el Estado de México ya reconocen normativamente este tipo de violencia. Sin embargo, a pesar de que México es pionero en legislar sobre violencia vicaria en América Latina, Ie Tze Rodríguez subrayó que "como tal no se está dando justicia en México, pese a que es un país pionero en legislar y en nombrar la violencia vicaria en toda América Latina; como tal no se está dando avance a los casos".
Las víctimas que expondrán su caso
A la audiencia pública asistirán Elisa María Zaldívar, Gabriela Pablos y Blanca Estela Paredes. Ellas expondrán su situación de viva voz, no sus casos particulares, sino una exposición de todas las mujeres de México que viven este tipo de violencia y los obstáculos a los que se han enfrentado. Una cuarta víctima, Blanca Estela Cardona, no podrá asistir por dificultades relacionadas con la visa.
Ie Tze Rodríguez señaló: "Después de que estas mujeres salen de ese círculo de violencia, viene otra represión y viene otra violencia que ya incluso involucra a personas del Estado mexicano". La Red Solidaria Década contra la Impunidad resalta la necesidad de reconocer a los menores como víctimas directas del conflicto.
Guerra judicial: los antecedentes
Los antecedentes de las tres asistentes visibilizan este tipo de violencia en el país y los obstáculos institucionales que han enfrentado en la búsqueda de justicia. En el caso de Elisa Zaldívar, su proceso inició tras obtener la custodia de sus hijos en un juicio con su expareja; posteriormente, fue denunciada por corrupción de menores —delito de oficio—, lo que provocó su encarcelamiento durante seis meses. Tras demostrarse que los hechos imputados presuntamente ocurrieron cuando los menores ya estaban con el padre, el caso fue sobreseído, pero Zaldívar acumula años sin ver a sus hijos.
Gabriela Pablos enfrentó la sustracción de su hijo de siete meses de nacido por parte de su expareja. Al separarse, el agresor se coordinó con el padre del primer hijo de Pablos para iniciar múltiples litigios. Tras ser denunciada por sustracción de menores al resguardar a su hijo mayor, acumuló más de 90 procesos judiciales abiertos y fue detenida en una audiencia de verificación, aunque no resultó vinculada a proceso. Actualmente, pasa los fines de semana con su hijo menor tras dos años de separación.
Por su parte, Blanca Paredes denunció al padre de sus hijos por violencia física y por el presunto abuso sexual infantil y corrupción de menores cometido contra su sobrina de 15 años. El denunciado ostentaba el cargo de magistrado del Poder Judicial del estado de Jalisco. A raíz de la denuncia, Paredes enfrentó demandas para retirarle la custodia de sus hijos bajo el argumento de que sus jornadas laborales impedían el cuidado adecuado. Su expareja fue desaforada y cuenta con una orden de aprehensión vigente. Su expediente es el primero sobre violencia vicaria que admitió la CIDH.
El impacto en las infancias
La Red Solidaria Década contra la Impunidad, organismo que ha acompañado los tres casos y que logró que la CIDH los admitiera, resalta la urgencia de contabilizar cuántas mujeres atraviesan estos procesos, bajo una perspectiva de género. Asimismo, señala la necesidad de reconocer a los menores como víctimas directas del conflicto. Ie Tze Rodríguez afirmó: "Queremos que visibilicen a los niños, niñas y adolescentes como víctimas también y parte de esta violencia. Si ellos como tal no sufren violencia vicaria, sí son los instrumentos que están siendo utilizados por los padres y por las instituciones... y sufren toda la violencia psicológica al estarlos alejando de sus madres".
Asimismo, lanzó una solicitud de apoyo a la ciudadanía para reunir fondos para el traslado. "Como Red Solidaria Década contra la Impunidad y a nombre de las mujeres que estamos representando, me gustaría hacer un llamado a las personas que nos están viendo para ver si nos pueden dar algún apoyo, donación, si no pueden donar económicamente, que compartan el link para donar... nos ayudará muchísimo porque es muy importante lograr llegar a esta audiencia el 3 de agosto", concluyó.
De acuerdo con la Red Solidaria Década contra la Impunidad, a la sesión también acudirá la representación del Estado mexicano para ofrecer una contestación oficial. La audiencia busca que el Estado mexicano reconozca la violencia vicaria como un mecanismo de represión contra las mujeres y asuma la responsabilidad de prevenirla, investigarla y sancionarla como es debido.
