México será evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en septiembre próximo, lo que pondrá bajo escrutinio a aproximadamente 100,000 empresas consideradas como actividades vulnerables. Los resultados de esta evaluación se darán a conocer un mes después, y mientras tanto, las empresas deben cumplir con ocho ajustes operativos establecidos en la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). El incumplimiento puede derivar en multas de hasta 7.6 millones de pesos.
Actividades vulnerables bajo la lupa
Entre las empresas clasificadas como actividades vulnerables se incluyen aquellas dedicadas a la venta de metales y joyas, obras de arte, notarios, el sector inmobiliario (arrendamiento, desarrollo, compra y venta), la venta de autos, así como subastas y ventas de obras de arte. Según un estimado de la empresa Regcheq, cerca de 100,000 empresas en México caen bajo esta categoría.
Francisco Soler, Country Manager de Regcheq, una plataforma que ayuda a las empresas a cumplir con la regulación, señaló en entrevista: “Las empresas tienen que capacitarse, tienen que cumplir con una regulación que es relevante y no es tan fácil de cumplir”.
Estándares internacionales y riesgos financieros
El GAFI establece los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y a la proliferación a través de sus 40 recomendaciones. La evaluación no solo mide el cumplimiento técnico, sino también la efectividad real de los sistemas implementados.
Soler advierte que uno de los principales retos para las empresas son las multas acumulativas. En caso de incumplimiento, las sanciones se aplican por cada operación o cada cliente que presente irregularidades. Por ejemplo, si una empresa tiene el expediente incompleto de 10 clientes, la multa inicial de 22,000 pesos se multiplica por 10, resultando en una sanción de más de 200,000 pesos.
Endurecimiento regulatorio y paralelismo con el sector financiero
El endurecimiento de la regulación y el seguimiento más estricto de los clientes obligará a las empresas a ser muy cuidadosas con quién operan. Las organizaciones de actividades vulnerables tendrán el mismo escrutinio que las empresas del sector financiero, el cual ha estado bajo distintos cambios regulatorios en el último año, luego de que Estados Unidos señalara a tres instituciones financieras por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“No cumplir o no llevar un control adecuado puede afectar directamente sus operaciones cotidianas y limitar con qué personas o entidades pueden hacer negocios”, afirmó Soler. Para evitar sanciones, las empresas deben cruzar la información de sus clientes con listas internacionales, como las de la OFAC o las de la ONU.
