La administración de Donald Trump ha recurrido a una tercera opción legal para sostener su política de aranceles generalizados, pero el nuevo fundamento jurídico ya enfrenta cuestionamientos sobre su constitucionalidad. La Casa Blanca invocó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, argumentando que los aranceles buscan combatir el trabajo forzoso en 60 economías. Sin embargo, un análisis del Instituto Peterson para Economía Internacional (PIIE) considera probable que esta vía también sea anulada por los tribunales.
Un tercer intento con base jurídica cuestionada
La estrategia anterior, basada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), fue anulada por la Corte Suprema en febrero de 2026. Luego, la administración aplicó un gravamen temporal del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, pero esa medida expiró el 24 de julio tras un máximo de 150 días. Antes del vencimiento, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) preparó la Sección 301, que permite responder a prácticas extranjeras injustificables o discriminatorias.
Alan Wm. Wolff, investigador del PIIE y exdirector general adjunto de la OMC, señaló que el Congreso no otorgó al presidente facultades suficientemente amplias para imponer aranceles generales sobre prácticamente todas las importaciones. "La Constitución reserva esa atribución al Poder Legislativo", afirmó Wolff. Además, destacó una contradicción: Estados Unidos no ha ratificado ni el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 ni el Protocolo de 2014 de la OIT, instrumentos internacionales que obligan a prevenir esa práctica y proteger a las víctimas.
Ingresos fiscales estimados bajo la Sección 301
El Tax Policy Center (TPC) calcula que los aranceles definitivos de la Sección 301 relacionados con el trabajo forzoso generarán aproximadamente 581,000 millones de dólares en ingresos fiscales entre 2026 y 2036. Esta cifra corresponde únicamente a esta nueva ronda de gravámenes, no al conjunto de la política arancelaria de Trump. En total, el TPC estima que todos los aranceles incluidos en su modelo recaudarán alrededor de 1.7 billones de dólares durante el mismo periodo. Así, los 581,000 millones representan cerca de una tercera parte de los 1.7 billones.
Para el año 2026 únicamente, la recaudación total de la política arancelaria sería de 179,000 millones de dólares, según el TPC. Esta cifra incluye no solo los nuevos aranceles de la Sección 301, sino también otros gravámenes sectoriales y comerciales vigentes. La recaudación disminuiría gradualmente durante la siguiente década, ya que el modelo supone que empresas y consumidores buscarán alternativas para evitar los aranceles más altos.
Carga económica sobre los hogares estadounidenses
Además de los ingresos fiscales, la política comercial tendría efectos directos en los hogares. El TPC calcula que los aranceles anunciados impondrán durante 2026 una carga promedio de alrededor de 920 dólares por hogar o unidad tributaria en Estados Unidos. Este costo es absorbido principalmente por los estadounidenses: según investigaciones de la Reserva Federal de Nueva York citadas por el PIIE, cerca del 90% del costo de los aranceles recae en empresas y consumidores nacionales, no en los países exportadores.
Wolff también cuestionó la eficacia de usar aranceles generales para combatir el trabajo forzoso. Señaló que Estados Unidos ya prohíbe desde 1930 la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso, y que nunca se había utilizado la Sección 301 para imponer sanciones secundarias de alcance casi global. Además, criticó que los países hayan sido agrupados en solo dos categorías para aplicar tasas uniformes del 10% o 12.5%, sin reflejar diferencias en sus leyes o acciones contra el trabajo forzoso.
El primer desafío judicial ya está en marcha
El escenario judicial comenzó a tomar forma apenas un día después de la entrada en vigor de los gravámenes. El 24 de julio, el Liberty Justice Center presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional en representación de dos pequeñas empresas: Burlap & Barrel, un minorista de especias de Nueva York, y Collective Horology, un distribuidor de relojes con sede en California. La organización sostiene que el USTR no cumplió los requisitos establecidos por el Congreso antes de imponer los nuevos aranceles.
Para los expertos, este caso volverá a poner a prueba el límite de las facultades presidenciales en materia comercial. La pregunta central no será si Estados Unidos puede combatir el trabajo forzoso, sino si la administración puede utilizar ese objetivo para reconstruir una política de aranceles prácticamente globales bajo una tercera disposición legal. La incertidumbre jurídica y económica persiste, mientras los tribunales se preparan para decidir el futuro de la estrategia arancelaria de Trump.
