El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos de extrema izquierda y organizaciones afines. La medida aplica a quienes hayan apoyado, incitado o participado en actos de terrorismo, actividades delictivas violentas, sabotaje económico, financiamiento, reclutamiento o apoyo logístico para acciones violentas cometidas por estos movimientos radicales.
Acusaciones de redes sofisticadas
En una declaración oficial, Rubio acusó a los grupos terroristas de extrema izquierda y sus aliados de utilizar redes sofisticadas y organizadas para perpetrar la violencia como herramienta política. Señaló que buscan implementar una visión política extremista mediante la intimidación y campañas de terror coordinadas.
“Se trata de una estrategia que busca explícitamente socavar los fundamentos políticos de las sociedades libres y autónomas, utilizando atentados con bombas, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar la libertad de expresión, limitar la oposición política, modificar las políticas públicas y sabotear los procesos políticos”, detalló Rubio.
Base legal de la medida
La nueva política responde al Memorando Presidencial de Seguridad Nacional-7 y las acciones posteriores para desmantelar las redes que fomentan la violencia política antes de que escalen a acciones delictivas. Rubio sostuvo que “esta política salvaguardará el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de cualquier otro modo las redes terroristas, violentas y criminales de extrema izquierda, cerrando así las vías de visado que los terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines explotan para amenazar la vida de los estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en suelo estadounidense”.
Impacto y reacciones
La restricción de visas afectará a ciudadanos extranjeros que estén vinculados a organizaciones de extrema izquierda consideradas terroristas por el gobierno estadounidense. Aunque no se especificaron los grupos concretos, la medida podría impactar a activistas, académicos y políticos que hayan tenido contacto con dichas organizaciones. Hasta el momento, no ha habido reacciones oficiales de los gobiernos de los países potencialmente afectados.
