Los líderes de las seis fuerzas políticas representadas en el Senado de la República externaron su protesta por los “acontecimientos en los que 17 ciudadanos mexicanos, entre ellos Lorenzo Salgado, perdieron la vida en territorio estadunidense, en hechos relacionados con la actuación de las autoridades migratorias de ese país”.
En un pronunciamiento de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, al que se sumó la presidenta de la Mesa Directiva, el Senado advierte que “no permitiremos que estos hechos queden en la impunidad ni que se repitan”.
Relación estratégica México-EU
Dice que “México y Estados Unidos comparten una relación estratégica, histórica y humana indisoluble. Millones de mexicanas y mexicanos son pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural de ambas naciones. El reconocimiento de su dignidad y el respeto a sus derechos no es una concesión, es una obligación jurídica y moral”.
“La protección de los mexicanos en el exterior es una alta prioridad del Estado mexicano y un eje de consenso de todas las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo”, dice el pronunciamiento y resalta que el Senado acompaña a los migrantes mexicanos y “utilizará todas las herramientas del derecho internacional para exigir justicia y garantizar su seguridad”.
Líderes políticos se suman
El documento, difundido por medio de las cuentas personales en redes sociales del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, quien también es el líder de la bancada de Morena, y de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, carece de firmas, pero tiene los nombres de los líderes parlamentarios opositores: Ricardo Anaya, del PAN; Manuel Añorve, del PRI y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, así como de los aliados del oficialismo: Manuel Velasco, del Partido Verde y Alberto Anaya, del Partido del Trabajo.
Condolencias y exigencias
En el pronunciamiento, el Senado envía condolencias a los familiares de los connacionales fallecidos y asegura que “respalda firmemente las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Estado mexicano ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Exigimos el esclarecimiento pleno de los hechos mediante investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes que conduzcan al deslinde de responsabilidades y garanticen el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas y sus familiares”.
Añade que “reafirmamos el principio de soberanía de cada Estado para diseñar y aplicar sus políticas y leyes migratorias; no obstante, reiteramos con firmeza que ninguna acción de autoridad o directriz de seguridad puede justificarse por encima del derecho irrestricto a la vida, el debido proceso y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que ambos países son parte”.
