Guerra EU-Irán pone en riesgo 20% del petróleo mundial y presiona gasolinas
Conflicto EU-Irán amenaza 20% del crudo global

La reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán está obligando a petroleras, navieras y operadores logísticos a abandonar el Estrecho de Ormuz, la ruta por donde circula una quinta parte del crudo mundial, para utilizar trayectos más largos y costosos. El sobrecosto del transporte amenaza con trasladarse al precio de los hidrocarburos justo cuando el mercado internacional apenas comenzaba a estabilizarse tras la primera ola de alzas provocada por el conflicto.

Rutas alternativas más largas y costosas

Aunque existen rutas alternativas para mantener el flujo de combustibles, ninguna ofrece la rapidez ni los costos del paso por Ormuz. En algunos casos, los buques deben rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, lo que añade hasta 14 días al trayecto y eleva los costos de operación, seguros y fletes.

El impacto no se limita a las empresas petroleras. Toda la cadena logística dedicada al transporte de hidrocarburos enfrenta una reconfiguración de sus operaciones, mientras las compañías evalúan si absorber los mayores costos o trasladarlos a sus clientes mediante precios más altos para los combustibles.

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El Estrecho de Ormuz: punto crítico del suministro global

El Estrecho de Ormuz concentra el tránsito de aproximadamente 20% del petróleo mundial. Por ello, cualquier restricción al paso de embarcaciones repercute de inmediato en la logística internacional del sector energético y en las expectativas de los mercados.

Astrid Karam, vicepresidenta de Marina, Carga, Logística y Aviación en Marsh México, explicó que las empresas ya comenzaron a modificar sus cadenas de suministro para evitar navegar por la zona de conflicto. “La vía más rápida y más fácil siempre va a ser la preferida, pero si después de varios meses las empresas que utilizaban este canal de tránsito descubren que hay proveedores más cercanos podrían ser una buena opción. Nos puede dar pie a revisar otras cadenas de suministro para aminorar el riesgo. Habrá otras empresas que sí puedan costear el tema tiempo (y buscar otras rutas) aunque el cargamento llegue 14 días más tarde porque tuvieron que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza en África”, explicó en entrevista.

La especialista señaló que cada empresa deberá evaluar su exposición al riesgo geopolítico y comparar el costo de modificar sus operaciones frente al de mantener el tránsito por una zona con elevada incertidumbre. “El caso tendrá que ser revisado en particular por empresa y/o país, hacer una matriz de riesgos y de costos y de cómo van a reestructurar sus cadenas de suministro para construir una resiliencia ante los diversos cambios políticos y geopolíticos y adaptarse”, explicó.

Para Karam, el cambio en la logística difícilmente será temporal. “La realidad es que las cadenas de suministro no están pasando por ahí, están evitando verse en el dilema de si tienen que lidiar con uno u otro actor, y más bien yo creo que no se va a restablecer el tránsito hasta que no se regrese a una situación lo más parecida a antes de que se iniciara el conflicto”.

Las alternativas existen, pero cuestan más

La necesidad de evitar Ormuz ha llevado a las empresas a evaluar rutas alternas para transportar hidrocarburos y otras mercancías. Sin embargo, ninguna ofrece las mismas ventajas operativas ni económicas.

De acuerdo con el Strauss Center, existen oleoductos que conectan los campos petroleros con puertos ubicados en el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, aunque su capacidad es limitada y algunos requieren trabajos de mantenimiento o ampliaciones para incrementar el volumen transportado. Además, utilizar estos ductos también incrementa los tiempos logísticos, ya que posteriormente los buques deben recorrer trayectos marítimos más largos hasta llegar a sus destinos finales. “El uso de oleoductos para transportar petróleo a otras terminales de exportación aumenta considerablemente el tiempo de viaje, tanto en ruta a través de los oleoductos como para los buques cisterna, que deben tomar rutas menos directas hasta sus destinos finales”, señala el análisis del Strauss Center.

Entre las opciones disponibles destaca el oleoducto East-West de Arabia Saudita, que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Rojo. No obstante, aumentar su capacidad o acelerar el flujo de crudo implica inversiones adicionales y mayores costos de operación.

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International Crisis Group estima que los ductos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irak podrían absorber hasta la mitad del petróleo que normalmente cruza Ormuz —alrededor de 10 millones de barriles diarios—, aunque hacerlo supondría un incremento importante en los costos logísticos. La organización también advierte que esta infraestructura no está libre de riesgos. Aunque los ductos permanecen enterrados, las estaciones de bombeo y las terminales de recepción pueden convertirse en objetivos de ataques, como ocurrió tras el alto al fuego de abril, cuando una estación del oleoducto East-West fue atacada, interrumpiendo temporalmente el flujo de aproximadamente 700,000 barriles diarios.

Incertidumbre también en las reglas del comercio

La incertidumbre aumentó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el lunes que el estrecho permanecería abierto, pero que se cobraría una cuota equivalente a 20% del valor de la carga transportada por los buques que cruzaran Ormuz como parte de un esquema para financiar la seguridad del corredor marítimo. Sin embargo, un día después el mandatario retiró la propuesta y anunció que, en su lugar, buscaría establecer acuerdos de comercio e inversión con los países cuyos buques utilizan esa ruta. Aunque la medida no prosperó, el episodio evidenció el grado de incertidumbre que enfrentan las empresas que dependen del corredor marítimo y reforzó la necesidad de incorporar escenarios geopolíticos en sus estrategias logísticas.

Los precios vuelven a mirar hacia arriba

Las complicaciones logísticas llegan cuando el mercado petrolero apenas comenzaba a estabilizarse tras la primera fase del conflicto. Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, las cotizaciones internacionales pasaron de un rango de entre 67 y 73 dólares por barril para el WTI y el Brent a superar los 110 dólares por barril. La tregua anunciada el 14 de junio permitió una moderación gradual de los precios, pero su ruptura el 8 de julio volvió a elevar la incertidumbre sobre el suministro mundial.

Alejandra León, directora asociada de Investigación y Análisis de S&P Global, explicó que, incluso si el alto al fuego se hubiera mantenido, el mercado habría necesitado entre cuatro y cinco meses para regresar a los niveles previos al conflicto. “Todo depende de qué tan cerrado o no cerrado esté Ormuz, pero si es un cierre total, que frene el paso de esos 14 millones de barriles diarios, sí podríamos irnos hasta los 180 dólares el barril”, expuso.

Sergio Meana, gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina en Argus Media, consideró que el margen de maniobra de la industria es ahora mucho menor debido al uso de reservas estratégicas durante los primeros meses del conflicto. “La industria petrolera ya retiró muchas de sus reservas estratégicas para poder contrarrestar la pérdida de barriles de los meses previos, que son entre 14 y 16 millones de barriles diarios de producción que se quitaron en los tres primeros meses del conflicto, y podríamos ver precios de hasta 150 dólares por barril”, añadió.

Al 16 de julio, el Brent cotizaba en 84.91 dólares por barril, el WTI en 79.41 dólares y la Mezcla Mexicana de Exportación en 75.75 dólares. Para México, una nueva escalada en el precio internacional del petróleo podría traducirse nuevamente en presiones sobre las gasolinas y el diésel. Durante la primera ola de incrementos, el gobierno federal recurrió a estímulos fiscales al IEPS para amortiguar el impacto sobre los combustibles y contener las presiones inflacionarias. Aunque el flujo de hidrocarburos no se ha detenido, especialistas coinciden en que el costo de mantenerlo difícilmente podrá absorberse por completo y terminará reflejándose en el precio que pagan gobiernos, empresas y consumidores.