Viena, 2 jun (EFE).- España, Costa Rica y Guatemala pidieron este martes en la ONU reforzar la lucha contra la trata de personas para la extracción de órganos y el "turismo de trasplantes", con medidas para una detección temprana y un enfoque centrado en la víctima con el fin de "proteger antes de juzgar".
Foro sobre trata de personas con fines de extracción de órganos
El desafío que supone luchar de manera eficaz contra el creciente tráfico de órganos centró este martes en el foro titulado "Trata de personas con fines de extracción de órganos: Fortalecimiento de la prevención y la respuesta", organizado por España con el apoyo de Guatemala en el marco de la 35ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal (CPDJP) que se celebra en la sede vienesa de la ONU.
Declaraciones de la jueza costarricense Ana Carolina Lizano
"Los sistemas de justicia no pueden combatir la explotación si primero no reconocen a las víctimas", señaló ante los expertos reunidos Ana Carolina Lizano, jueza penal de la República de Costa Rica. La profesora en derecho penal aseguró que "cuando un sistema intimida o criminaliza a las personas que debería proteger no solo profundiza la injusticia, sino que debilita su propia capacidad para descubrir la verdad".
En el país latinoamericano operó una red criminal que se dedicaba a trasplantes ilegales de órganos entre 2009 y 2013, y que no fue detectada por los controles hospitalarios, migratorios ni por ninguna medida institucional, sino solo después de que una persona presentara una denuncia. La investigación destapó la utilización de recursos de la sanidad estatal para explotar a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica, a las que se ofrecían entre 6.000 y 10.000 dólares a cambio de un riñón, y los órganos eran trasplantados a receptores extranjeros en operaciones en clínicas privadas bajo una apariencia de legalidad, con historiales médicos y documentación falsa.
Las víctimas, recordó la jueza costarricense, "no fueron secuestradas ni amenazadas físicamente": firmaron documentos, acudieron a sus citas y "entraron a las clínicas por su propia voluntad". "El verdadero consentimiento no es la capacidad de decir que sí, sino la posibilidad real de decir que no", subrayó Lizano, que cuestionó si puede hablarse de una decisión libre "cuando la única alternativa es la miseria".
Turismo de trasplantes y datos de la ONUDD
El tráfico de personas para la extracción de órganos tiene su origen en la creciente demanda y la escasez de órganos disponibles para trasplante en todo el mundo: las más de 150.000 operaciones al año suponen menos del 10 % de la necesidad global. En los últimos 15 años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) informó de más de 700 personas que fueron víctimas de trata de personas para extraerles órganos.
Esta actividad ilegal "representa entre el 5 y el 10 % de trasplantes anuales en el mundo", según explicó la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes española, Beatriz Domínguez Gil, que aseguró que la mayoría de estos delitos se realizan en un contexto de "turismo de trasplantes". En estos casos, los pacientes viajan a destinos con legislación inexistente o mal aplicada, donde los sectores más vulnerables de la población se convierten en víctimas de explotación y coacción, para someterse a un trasplante.
Así, Domínguez asegura que hay que garantizar que existan marcos de cooperación entre países para asegurar "la validez del consentimiento, las pruebas de detección previas a la donación y al trasplante, la cobertura financiera y la correcta transferencia de la atención" para evitar la explotación y las operaciones ilegales.
Conclusión: construir sociedades sin vulnerabilidad
Para Ana Carolina Lizano, el verdadero desafío "no es solo castigar a quienes explotan la vulnerabilidad, sino construir sociedades donde menos personas se vean obligadas a elegir entre la dignidad y la supervivencia". EFE (foto)
