BBVA advierte sobre impacto financiero de la reforma del agua en México
La reciente reforma sobre el uso del agua en México plantea un desafío crucial: garantizar el acceso al recurso como un derecho humano sin comprometer la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales, según un análisis de BBVA Research. En su informe titulado "El nuevo cauce del agua en México: un análisis de las reformas en materia hídrica", el banco destaca que el nuevo marco normativo prioriza el consumo doméstico y reconoce explícitamente el derecho humano al agua, en un contexto marcado por sequías recurrentes en diversas regiones del país.
Principales cambios de la Ley General de Aguas
Entre las modificaciones más significativas, la nueva Ley General de Aguas establece que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable por falta de pago. En su lugar, deben asegurar al menos una cantidad mínima para consumo humano básico. Para BBVA, aunque esta medida tiene un enfoque social claro, también puede generar presiones presupuestarias significativas.
De acuerdo con el análisis, el cobro por derechos de suministro de agua representa en promedio el 23% de los ingresos de los gobiernos estatales y municipales. Limitar la posibilidad de cortar el servicio podría reducir los incentivos de pago y afectar la recaudación, especialmente en entidades con baja eficiencia en el cobro.
Heterogeneidad en la capacidad recaudatoria
El reporte señala que existe una amplia heterogeneidad en la capacidad recaudatoria de los organismos operadores. Mientras algunas entidades logran niveles elevados de recuperación de ingresos, en otras el porcentaje de agua facturada que efectivamente se cobra es considerablemente menor, lo que ya representa un reto financiero importante.
BBVA también advirtió que la aplicación generalizada de la prohibición de cortes, sin distinguir entre estratos socioeconómicos, puede generar efectos regresivos. Los hogares de mayores ingresos presentan, en promedio, mayor acceso continuo al servicio, por lo que una medida uniforme podría beneficiar en igual proporción a segmentos con distinta capacidad de pago.
Recomendaciones y enfoque focalizado
En este sentido, el análisis sugiere que las políticas públicas deberían focalizarse en los hogares de menores ingresos y acompañarse de una política tarifaria adecuada, en la que los precios reflejen el costo real de llevar el agua a los usuarios. Asimismo, considera necesario que los subsidios sean explícitos y transparentes para evitar distorsiones en el mercado.
Centralización en la gestión de concesiones
En cuanto a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, BBVA destaca la centralización en la gestión de concesiones bajo la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La nueva normativa elimina la posibilidad de vender o transferir directamente concesiones entre particulares y establece un esquema de reasignaciones controlado por la autoridad federal.
El banco señala que una mayor vigilancia y control estatal podría fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias como sequías, permitiendo redirigir volúmenes hacia regiones o usos prioritarios. No obstante, también advierte que el aumento en la carga regulatoria y la reducción en la transferibilidad de concesiones pueden generar preocupaciones en sectores productivos por la certidumbre jurídica y la planeación de inversiones.
Nuevas herramientas y sanciones
Además, la reforma contempla la creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales y el endurecimiento del régimen de sanciones por uso indebido del recurso. También se sustituye el Registro Público de Derechos de Agua por un Registro Nacional del Agua con mayores alcances administrativos, buscando una gestión más eficiente y transparente.
El reto del equilibrio
Para BBVA, el reto central del nuevo marco legal será equilibrar tres objetivos fundamentales: asegurar el acceso al agua como derecho humano, mantener la viabilidad financiera de los operadores locales y fortalecer la resiliencia hídrica del país frente a escenarios de escasez. El documento explica que la implementación de las reformas será determinante para alcanzar ese balance, evitando que la carga financiera recaiga de manera desproporcionada en estados y municipios o que se generen distorsiones que afecten el uso eficiente del recurso.
En resumen, la reforma del agua en México representa un paso importante hacia la garantía de derechos, pero requiere una aplicación cuidadosa para no socavar la estabilidad económica local. La vigilancia continua y ajustes en las políticas serán clave para navegar estos desafíos complejos en los próximos años.
