Alcaldesa de Cuauhtémoc presenta pruebas documentales que eximen a su administración y señalan al Gobierno Central
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha presentado una serie de documentos oficiales que, según su exposición, demuestran de manera contundente que la responsabilidad del derrumbe fatal ocurrido en San Antonio Abad recae directamente en el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX). El colapso, que cobró la vida de tres trabajadores durante un proceso de demolición, ha generado una intensa disputa institucional sobre quién debió garantizar la seguridad.
El permiso que autorizó la tragedia
"El edificio en San Antonio Abad se derrumbó en medio de una demolición que tenía permiso del Gobierno de la Ciudad, no de la alcaldía", declaró Rojo de la Vega con firmeza. La edil enfatizó que las muertes no deben politizarse, sino respetarse, mientras exhibía los documentos que, según ella, prueban su argumento.
Los papeles presentados establecen claramente que el permiso de demolición fue otorgado por las autoridades capitalinas, no por la alcaldía Cuauhtémoc. Dicha autorización conllevaba la obligación expresa de:
- Supervisar la obra en todo momento
- Coordinar integralmente el proceso de demolición
- Garantizar la seguridad tanto del inmueble como de sus alrededores
Estas responsabilidades estaban bajo la coordinación directa de la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. "En palabras simples, ellos tenían la responsabilidad de que no pasara una tragedia; sin ese permiso hoy no estaríamos lamentando la muerte de estos tres hombres", señaló la alcaldesa.
El polémico "acuerdo de facilidades"
Rojo de la Vega explicó en detalle el mecanismo bajo el cual se autorizó la demolición: el denominado "acuerdo de facilidades", derivado de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México creada tras el sismo de 2017. Este esquema excepcional permite realizar demoliciones incluso sin cumplir con algunos requisitos normales.
Según la documentación presentada, en su actualización más reciente publicada en 2025, este acuerdo autoriza demoliciones sin requerir un programa de protección civil completo. Además, establece explícitamente que la supervisión, coordinación y responsabilidad última recaen en:
- La Secretaría de Vivienda del GCDMX
- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
"Ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad", recalcó la alcaldesa.
Advertencias ignoradas y limitaciones institucionales
La documentación exhibida revela un dato crucial: cuando la empresa responsable solicitó inicialmente a la alcaldía Cuauhtémoc el permiso para demoler, las autoridades locales identificaron riesgos significativos para la seguridad de los vecinos y, por ello, determinaron no autorizar la demolición en ese momento.
Sin embargo, días después, el Gobierno central autorizó la obra bajo el esquema del "acuerdo de facilidades", haciendo caso omiso de las advertencias formuladas por la alcaldía.
La alcaldesa también aclaró un aspecto fundamental de la estructura administrativa: las labores de verificación en obra no dependen directamente de la alcaldía, sino del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), un organismo del propio Gobierno de la Ciudad de México.
En este sentido, Rojo de la Vega reveló que la alcaldía ha solicitado formalmente acompañamiento para llevar a cabo verificaciones, pero el Invea ha respondido que no cuenta con personal suficiente —apenas seis trabajadores— para atender la totalidad de estas solicitudes. Como resultado, desde octubre de 2025 hasta la fecha, existen cientos de solicitudes de verificación que permanecen sin atender por parte del instituto.
La politización de una tragedia
La alcaldesa expresó su profundo pesar porque, en lugar de asumir responsabilidades, el tema ha sido llevado al terreno político por funcionarios del Gobierno local y diputados. "Aquí hay documentos, aquí hay normas y aquí hay hechos. Papelito habla. La verdad está sobre la mesa", afirmó con contundencia.
Rojo de la Vega denunció que, tras la tragedia, personas vinculadas al Gobierno local han repartido folletos en su contra con información sobre el derrumbe. "No contentos con sus malditas mentiras y haber politizado una tragedia, vemos a funcionarios del partido en el poder repartiendo volantes de guerra sucia en mi contra. Eso no es política", declaró con indignación.
Finalmente, la alcaldesa reiteró su disposición a colaborar institucionalmente y subrayó la necesidad urgente de revisar los mecanismos vigentes para evitar que hechos como este se repitan. "En lugar de asumir responsabilidades, se esconden detrás de las mentiras. No nos dejan verificar por sus propios acuerdos y cuando ocurre una tragedia, deciden señalarnos y convertirlo en una guerra sucia", concluyó.
