La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México colocó sellos de clausura temporal en el proyecto inmobiliario Be Grand Alto Polanco Fase III, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de tres días de protestas vecinales que incluyeron un bloqueo de más de 40 horas y un litigio judicial por presunto daño ambiental derivado de la construcción.
Detalles de la clausura
La clausura se efectuó la noche del 20 de mayo, después de que personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) inspeccionara el predio en la calzada General Mariano Escobedo 259, colonia Anáhuac I Sección, y zonas aledañas. Horas más tarde, los vecinos que mantenían cerrado el tramo de Mariano Escobedo entre Lago Alberto y Laguna de Mayrán retiraron el plantón que habían instalado desde la tarde del lunes 18 de mayo.
En un comunicado, Sedema explicó que la medida se tomó en cumplimiento de una suspensión provisional relacionada con un juicio de amparo, y subrayó que la empresa promotora fue notificada de que no puede realizar acciones que afecten la permeabilidad del suelo mientras continúe el proceso legal. La inspección se realizó para revisar las condiciones del arbolado y del área permeable del predio, y posteriormente se implementó la clausura temporal para garantizar el cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial.
Antecedentes del conflicto
El conflicto escaló cuando habitantes de las colonias Verónica Anzures, Anáhuac y Granada bloquearon la circulación frente al complejo inmobiliario para impedir la reanudación de los trabajos de la Fase III. Durante el plantón, los vecinos denunciaron afectaciones ambientales y urbanas, como pérdida de suelo permeable, impactos en la movilidad, ruido y riesgos estructurales en la zona.
Integrantes del Observatorio Vecinal Verónica Anzures señalaron que la DGIVA revisó daños en banquetas y guarniciones sobre Mariano Escobedo y Laguna de Mayrán, donde la empresa habría sustituido superficies por adoquín. También acusaron cortes de raíces superficiales de árboles, cableado eléctrico enredado en troncos y afectaciones en la corteza por el paso de vehículos pesados de la obra.
Litigio judicial
El proyecto enfrenta un litigio promovido por los vecinos, quienes interpusieron un amparo contra la reactivación de la Fase III, que contempla dos torres adicionales de 20 y 39 niveles. Los argumentos incluyen posibles daños ambientales, pérdida de área permeable y falta de consulta pública vinculante.
El 27 de marzo de 2026, un Tribunal Colegiado concedió una suspensión definitiva al considerar probable el daño ambiental y ordenó detener las obras. Sin embargo, los vecinos indicaron que aún está pendiente una inspección judicial ordenada por el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa para verificar afectaciones dentro del predio. Esa diligencia estaba programada para el 8 de mayo, pero fue suspendida indefinidamente por la jueza María Elena Lugo del Castillo, lo que provocó un primer bloqueo el 5 de mayo.
Intervención de otras autoridades
Además de Sedema, al sitio acudió personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para ejecutar una orden de verificación. También participaron funcionarios de la Subsecretaría de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno (Secgob), quienes instalaron mesas de atención y seguimiento con los vecinos durante las protestas del 18, 19 y 20 de mayo.
