La política mexicana atraviesa un momento complejo durante el primer semestre de 2026, especialmente a finales de abril y principios de mayo. Dos casos destacados involucran a los gobernadores de Sinaloa y Chihuahua, Rubén Rocha Moya y Maru Campos, respectivamente. Ambos casos implican a autoridades internacionales, investigaciones federales y un intenso debate sobre soberanía y seguridad nacional.
El caso Maru Campos y la intervención de la CIA
El llamado "Caso Maru Campos" generó una crisis sin precedentes en el norte del país. El escándalo estalló tras confirmarse la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un accidente durante un operativo en Chihuahua. Según reportes oficiales, la agencia estadounidense habría participado activamente en operativos contra el crimen organizado. Esta intervención en territorio estatal ha sido duramente cuestionada, acusándose violación a la soberanía nacional y a la Constitución mexicana al permitir operaciones extranjeras sin autorización federal. Esto ha provocado marchas y protestas ciudadanas que exigen la renuncia de la gobernadora o que solicite licencia a su cargo.
El caso Rocha Moya: acusaciones de Estados Unidos y licencia
Paralelamente, el "Caso Rocha Moya" ha generado otra crisis. El foco está en las graves acusaciones emitidas por la justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusaron formalmente al mandatario y a otros nueve funcionarios por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción "Los Chapitos". El expediente estadounidense detalla que Rocha Moya habría obtenido el poder en las elecciones de 2021 gracias al respaldo de este grupo criminal. El sábado 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad otorgar una licencia temporal a Rocha Moya para permitir su investigación por la Fiscalía General de la República (FGR), mientras Yeraldine Bonilla asumió como gobernadora interina.
Consecuencias legales, políticas e impacto social
Las repercusiones de ambos casos han sacudido las estructuras del Gobierno Federal. En Chihuahua, la FGR inició una investigación formal contra Maru Campos por la presunta participación no autorizada de agentes extranjeros. En el Senado y el Congreso, miembros del oficialismo han planteado someter a la gobernadora a un juicio político por traición a la patria, delito que podría castigarse con hasta 40 años de prisión por comprometer la integridad de la nación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido explicaciones claras sobre Chihuahua, advirtiendo que esta cooperación viola los acuerdos de seguridad bilaterales vigentes entre México y Estados Unidos. En defensa de Campos, figuras de oposición como Ricardo Anaya han acusado al gobierno federal de "hipocresía", argumentando que se ataca a una opositora que busca combatir al crimen organizado.
En el caso de Sinaloa, la FGR determinó que aún no existen pruebas suficientes enviadas por Estados Unidos para justificar la detención urgente de Rocha Moya, solicitando mayor evidencia documental. Actualmente, existe un debate legal sobre si la licencia de Rocha Moya le retira el fuero o si requiere un juicio de procedencia. Aunque la presidenta confirmó que cuenta con protección de la Guardia Nacional por un análisis de riesgo, algunos medios nacionales reportan que su paradero es desconocido, sin que esto haya sido confirmado hasta el momento. La salida del mandatario sinaloense ha coincidido con un repunte de violencia en el estado, registrándose múltiples homicidios y ataques a negocios durante el primer fin de semana de mayo, ya bajo el gobierno interino de Yeraldine Bonilla.
