La paradoja de la justicia animal en la Ciudad de México
Existen casos judiciales que permanecen en la memoria colectiva, independientemente del tiempo transcurrido. Entre ellos destaca el de la perrita Moni, una anciana canina ciega y sorda que fue brutalmente asesinada en mayo de 2024 por una mujer de avanzada edad. El crimen presentó características de premeditación, alevosía y ventaja, agravadas por la revelación durante el juicio de que no era el primer animal que la acusada, identificada como Flor "N", había eliminado y sepultado ilegalmente.
Una sentencia que genera indignación
A pesar de la perseverancia de la tutora de Moni y de las declaraciones públicas de la Fiscalía capitalina sobre la intolerancia al maltrato animal, el desenlace judicial fue decepcionante. La responsable recibió libertad condicional con la obligación de "reparar el daño", una medida considerada insuficiente e irónica dado que nadie puede revivir a las víctimas. Adicionalmente, se le impuso tratamiento psiquiátrico, lo que muchos consideran un intento tardío de remediar una conducta criminal establecida.
El contraste con el caso del Refugio Franciscano
Esta situación genera preguntas incómodas sobre el manejo gubernamental del "rescate histórico" del 7 de enero, cuando 1,095 perros y 39 gatos fueron retirados del Refugio Franciscano bajo órdenes de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. El operativo ha sido calificado como violento y carente de fundamento legal, evidenciando un desconocimiento total de los protocolos de manejo animal.
La pregunta que surge es evidente: ¿qué justicia puede esperarse para los responsables políticos si ni siquiera se logra encarcelar a una ciudadana por asesinar animales de manera serial?
La inexplicable retención de los animales
Más allá de las contradicciones judiciales, persiste el misterio de por qué el gobierno capitalino insiste en retener a "Los Franciscanitos". El caso ha generado condena internacional y ha demostrado una capacidad ciudadana extraordinaria: voluntarios han remodelado y mejorado las instalaciones del refugio sin recibir compensación económica, aportando materiales y mano de obra con la esperanza de que la PAOT autorice su reapertura.
La negativa a devolver los animales sobrevivientes y a rendir cuentas por los fallecidos se interpreta como mala voluntad y discriminación, especialmente cuando se contrasta con las condiciones de las estancias gubernamentales para perros y caballos de servicio.
Desinformación y silencio institucional
La situación se agrava por la desinformación oficial, incluyendo la falsa afirmación de que 100 animales han sido adoptados en Estados Unidos, algo imposible debido a las restricciones sanitarias vigentes. Paralelamente, la Coordinación de Comunicación Ciudadana, liderada por Ana María Lomelí, mantiene un silencio olímpico ante las múltiples demandas de información sobre el caso.
Este silencio institucional no solo desaprovecha la extraordinaria movilización ciudadana, sino que consolida la percepción de que el gobierno capitalino prioriza la soberbia sobre el bienestar animal. La impunidad en el caso Moni y la crisis del Refugio Franciscano exponen las profundas contradicciones de las políticas de protección animal en la Ciudad de México, donde las declaraciones públicas contrastan con acciones que perpetúan el sufrimiento de los más vulnerables.
