Un juez federal ha detenido temporalmente la detención y extradición a Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. El gobierno estadounidense busca juzgarlo por presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.
Amparo admitido por el juez
El exfuncionario presentó una demanda de amparo para evitar su extradición, la cual fue admitida por el juez Tercero de Distrito en Michoacán, Rafael Linares Rivera. En su solicitud, Mérida Sánchez también pidió una suspensión de plano para impedir cualquier acto que pudiera llevar a su entrega a las autoridades estadounidenses.
El juez Linares dictaminó: “Se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición de la persona quejosa a algún Estado extranjero hasta la solución total de este juicio de garantías”. La medida está contenida en el expediente 539/2026.
Vigencia de la suspensión
La suspensión permanecerá vigente hasta que se resuelva el juicio de amparo, lo que podría ocurrir el próximo 1 de junio, fecha programada para la audiencia constitucional.
Acusaciones de Estados Unidos
Según la acusación estadounidense, en la que también está implicado el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Mérida Sánchez supuestamente recibía sobornos de Los Chapitos a cambio de proporcionar información anticipada sobre redadas de la Policía Estatal en laboratorios de drogas, permitiendo que el grupo escapara. Entre 2023 y 2023, los sobornos superarían los 100 mil dólares mensuales en efectivo, y se le acusa de haber alertado a Los Chapitos de al menos 10 redadas a narcolaboratorios, lo que facilitó la evacuación antes de posibles detenciones o incautaciones.
Por estos hechos, Estados Unidos busca juzgarlo por asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y asociación delictuosa para poseer dichas armas y dispositivos.
