El diario The New York Times consideró que el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría incidir a favor o en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues una eventual investigación en México podría representar un cambio radical frente a la falta de voluntad política para investigar a funcionarios vinculados al crimen organizado.
Acusaciones contra Rocha Moya
El periodista Jack Nicas destacó que el mandatario en licencia ha cargado por mucho tiempo con acusaciones por proteger al grupo criminal que está bajo la mira de Estados Unidos. Dichas acusaciones alcanzaron su punto álgido en 2024, cuando las autoridades arrestaron al Mayo Zambada en Texas, en la supuesta trampa tendida por Los Chapitos.
Los cargos recientes contra el gobernador con licencia de Sinaloa, anunciados por Estados Unidos, han detonado una bomba política en México. Han dominado la conversación nacional y han dividido en gran medida al país en dos bandos: los que se alegraron de ver consecuencias por lo que consideraban una corrupción endémica en México y los que se sintieron repugnados por lo que consideraron una intervención ilegal de Estados Unidos.
Detención como crisis u oportunidad para Sheinbaum
Además, el periodista resaltó que esta detención plantea una crisis o una oportunidad para la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria podría usar la acusación como un punto de inflexión para tomar medidas enérgicas contra la corrupción. La otra opción es cerrar filas ante las acusaciones de su vecino del norte.
Al respecto, el diario destacó que la presidenta ha mostrado resistencia a investigar el caso de Rubén Rocha. Finalmente se negó a hacerlo, al considerar que no había pruebas suficientes que lo justificaran, citó Jack Nicas a fuentes anónimas que conocían las conversaciones internas.
Investigación sería un cambio radical en México
The New York Times citó a la exfiscal estadounidense Gina Parlovecchio, quien destacó que los funcionarios mexicanos han vacilado en investigar por su cuenta a perfiles políticos relacionados al narcotráfico. Al encargarse de casos de alto perfil, como el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, Parlovecchio dijo que tuvieron poca o nula cooperación del Gobierno mexicano en ninguna de sus investigaciones, incluidas aquellas contra funcionarios públicos.
Por ello, consideró que tomar medidas contra el gobernador con licencia de Sinaloa sería un cambio radical increíble, pues sería la primera vez que México realmente aceptara públicamente la idea de que tiene un problema significativo de corrupción política.
La exfiscal consideró que las autoridades estadounidenses posiblemente obtienen información de los 92 miembros de alto rango de los cárteles que el Gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos. Dicha información podría abrir más acusaciones formales contra funcionarios mexicanos, destacó el diario.
