Alcaldesa de Cuauhtémoc se deslinda de tragedia en San Antonio Abad
En un controvertido caso que ha conmocionado a la capital, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, ha negado categóricamente cualquier responsabilidad de su administración en el derrumbe de un edificio ubicado en San Antonio Abad, donde lamentablemente fallecieron tres personas. Este incidente ha generado un intenso debate entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía, con acusaciones cruzadas sobre quién debe asumir la culpa del trágico suceso.
Argumentos de la alcaldesa contra las acusaciones
Mediante un video difundido en redes sociales, Rojo de la Vega explicó detalladamente los antecedentes del caso. Según su versión, en septiembre de 2025, la empresa propietaria del inmueble solicitó a la alcaldía Cuauhtémoc los permisos necesarios para proceder con la demolición. Sin embargo, estos fueron denegados debido a que la documentación presentada no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad para garantizar la protección durante los trabajos, un aspecto crucial para prevenir accidentes.
Un mes después, en octubre de 2025, la Secretaría de Vivienda (Sevivienda) otorgó el permiso a la empresa, basándose en los acuerdos establecidos por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Estos acuerdos permiten a Sevivienda facilitar la aprobación de demoliciones en inmuebles afectados por el sismo de 2017, sin necesidad de estudios exhaustivos ni programas de Protección Civil, lo que ha sido criticado por expertos en seguridad urbana.
Incumplimientos y responsabilidades señaladas
La alcaldesa añadió que, una vez obtenida la aprobación de Sevivienda, la empresa tenía un plazo de 90 días naturales para iniciar los trabajos y estaba obligada a informar por escrito en un máximo de tres días tras comenzar. Sin embargo, la empresa no cumplió con ninguno de estos requisitos, lo que, según Rojo de la Vega, debería haber llevado al Gobierno de la CDMX a suspender inmediatamente las actividades, algo que no ocurrió y que podría haber evitado la tragedia.
Postura del Gobierno de la Ciudad de México
Por su parte, Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda, ofreció una versión diferente en una conferencia de prensa. Declaró que en octubre pasado, la Comisión para la Reconstrucción notificó formalmente a la titular de la alcaldía Cuauhtémoc para dar seguimiento al proceso de demolición del inmueble en avenida San Antonio Abad 124. Muñoz Santini enfatizó que, según la legislación vigente, cada alcaldía es responsable de supervisar el cumplimiento de los procesos de demolición y construcción.
"Las facultades de las alcaldías en materia de demoliciones, de hecho, de cualquier construcción, están perfectamente definidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Alcaldías y en distintas disposiciones del reglamento", expresó el funcionario, insinuando que la alcaldía tenía la obligación de intervenir y asegurar que las normas se cumplieran, independientemente de quién otorgara el permiso inicial.
Implicaciones y contexto del caso
Este enfrentamiento pone de relieve las grietas en la coordinación entre el gobierno central y las alcaldías en la Ciudad de México, especialmente en temas críticos como la seguridad en construcciones y demoliciones. La tragedia de San Antonio Abad no solo ha costado vidas humanas, sino que también ha expuesto posibles fallas en los protocolos de regulación urbana, lo que podría llevar a reformas en la legislación para evitar futuros incidentes similares.
Mientras las investigaciones continúan, la sociedad espera respuestas claras y acciones concretas para garantizar que tales desastres no se repitan, en un contexto donde la reconstrucción post-sísmica y el desarrollo urbano deben equilibrarse con la seguridad pública.
