La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico ha puesto a México en una encrucijada diplomática y política. Por primera vez, Washington apunta a un cargo político en funciones del partido gobernante, Morena, en un momento crítico de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema de alto costo político, independientemente de la decisión que tome.
La acusación y sus implicaciones
El 30 de abril, el gobernador Rocha Moya declaró estar tranquilo y trabajando por Sinaloa, un día después de que la justicia estadounidense lo incluyera en una acusación formal por narcotráfico, posesión de armas y conspiración con una facción del Cartel de Sinaloa, conocida como "Los Chapitos". La acusación, presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, también incluye a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
El fiscal federal Jay Clayton subrayó que el Cartel de Sinaloa no operaría con tanta libertad sin políticos y funcionarios corruptos. La acusación llega en medio de tensiones bilaterales, con Washington exigiendo la extradición de los señalados y Sheinbaum condicionándola a la presentación de pruebas sólidas.
La postura de Sheinbaum
La presidenta cerró filas con Rocha Moya, endureciendo el tono contra Estados Unidos. En su conferencia matutina del 1 de mayo, Sheinbaum llamó a la unidad nacional y calificó la acusación de "política", subrayando que no permitirá la injerencia extranjera. Sin embargo, insistió en que no encubrirá a delincuentes, pero condicionó cualquier extradición a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR respaldó esta postura, afirmando que no hay elementos para ordenar la detención provisional de los acusados, ya que la solicitud estadounidense carece de fundamentos sólidos. La institución exige que Washington presente pruebas, testimonios u otros elementos que respalden las acusaciones.
El dilema legal y político
Expertos señalan que México no tiene la atribución de evaluar a fondo el expediente en esta fase. La académica Virdzhiniya Petrova Georgieva explicó que Estados Unidos solo debe indicar el crimen del que acusa, sin necesidad de presentar pruebas. La Secretaría de Relaciones Exteriores debe verificar indicios suficientes para iniciar un juicio en Estados Unidos. Si México decide no extraditar, debe juzgar internamente según el principio "extraditas o juzgas".
Las causales para denegar la extradición son jurídicas, como la posible pena de muerte o la persecución por delitos políticos, no la soberanía nacional, como ha argumentado el gobierno mexicano. Petrova advirtió que la apelación a la soberanía tiene más fundamento político que jurídico.
El contexto geopolítico
La acusación se produce en un momento de máxima tensión bilateral, con Estados Unidos preparándose para elecciones intermedias y México negociando el T-MEC. La internacionalista Arlene Ramírez Uresti señaló que no procesar adecuadamente el caso en México implicaría darle la razón a Estados Unidos. Por su parte, Erubiel Tirado, especialista en seguridad, destacó que la actuación estadounidense ya no se limita a la cooperación formal, sino que incluye acciones unilaterales, como la clasificación de organizaciones criminales como terroristas.
La fractura interna en Morena
La acusación afecta directamente a Morena, el partido en el poder, y reabre tensiones internas. Sheinbaum enfrenta presiones externas de Estados Unidos e internas de sectores duros de su movimiento. Ramírez Uresti sugirió que promover el desafuero de Rocha Moya permitiría una investigación neutral y demostraría cooperación, pero el desafuero requiere el voto de ambas cámaras, controladas por Morena y sus aliados, lo que dificulta los contrapesos.
Hasta ahora, México había cooperado con Estados Unidos en extradiciones de capos del narcotráfico, pero la solicitud de detener a un gobernador en funciones cambia el equilibrio. Petrova planteó el dilema: proteger la soberanía o proteger a un probable delincuente. Recordó que Estados Unidos ya ha intervenido en México, como en el caso de Ismael "El Mayo" Zambada.
La decisión de Sheinbaum definirá el rumbo de la relación bilateral y la credibilidad de México en el ámbito internacional.
