El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que 96 personas han sido desplazadas en la región de Chilapa, Guerrero, debido a la confrontación entre dos grupos criminales identificados como Los Ardillos y Los Tlacos. En la conferencia presidencial, Sheinbaum destacó que se busca el diálogo con representantes comunitarios para evitar una escalada de violencia que pueda derivar en una situación más compleja o en la pérdida de vidas humanas.
Acciones inmediatas del gobierno
Hasta el momento del reporte, se ha confirmado el traslado de tres personas al Hospital de Chilpancingo, y se espera el traslado de tres más. La Secretaría de Seguridad informó que ya se permitió el ingreso de personal de seguridad y atención médica a la zona de Chilapa para brindar apoyo a la población y atender a los lesionados. Al lugar se han trasladado el secretario de Seguridad Pública estatal y el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez, acompañados por elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y ambulancias, como parte de las acciones coordinadas para reforzar la atención y seguridad en la región.
Prioridad: salvar vidas
La mandataria federal indicó que actualmente hay tres poblados afectados y tres bloqueos, pero la prioridad es permitir la salida de las personas heridas y eliminar los bloqueos, ya que hay presencia de personas armadas. “No queremos un enfrentamiento”, subrayó, “hay que preservar la vida de las personas”. La autoridad federal busca, en primer lugar, que los heridos sean evacuados y atendidos, que los desplazados reciban apoyo, y posteriormente iniciar un diálogo. Sin embargo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que “de ninguna manera” ese diálogo sería con los grupos criminales, sino exclusivamente con las autoridades comunitarias de la región.
Contexto de violencia en Guerrero
La región de Chilapa ha sido escenario de una creciente violencia atribuida a la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos, lo que ha generado desplazamientos forzados y un clima de inseguridad. El gobierno federal reiteró su compromiso de restablecer el orden y proteger a la población civil, evitando en lo posible una confrontación directa que podría agravar la crisis humanitaria.
