A 15 años de la masacre de Allende, sobrevivientes denuncian impunidad y abandono
Se cumplen quince años de uno de los episodios más sangrientos y traumáticos en la historia reciente de Coahuila: la masacre de Allende, perpetrada por el cártel de Los Zetas entre el 18 y el 20 de marzo de 2011. Las víctimas y sus familias, lejos de encontrar justicia y reparación, continúan sumidas en el desplazamiento forzado, la revictimización institucional y el abandono por parte de las autoridades federales y estatales.
Un trauma que perdura: desplazamiento y salud quebrantada
Silvia Eugenia Garza Villarreal es una de las sobrevivientes que logró escapar de la violencia desatada en aquel municipio ubicado a apenas 56 kilómetros de la frontera con Texas. En entrevista, ella y otras víctimas que prefieren mantener su identidad en reserva por temor, relatan una vida en el exilio, lejos de la tierra donde crecieron, marcada por la imposibilidad de retornar y por daños profundos en su salud física y mental.
"Pensamos que era un malentendido, que se iba a esclarecer, pero después nos dimos cuenta de que no. Era una venganza", confiesa una de las sobrevivientes, refiriéndose a la creencia inicial de que los hechos eran un error. La masacre, según testimonios, fue una retaliación contra la familia Garza, luego de que un primo, José Luis Garza Gaytán, se convirtiera en testigo protegido de la DEA contra Los Zetas.
Las cifras de la tragedia: entre la opacidad y la contradicción
La dimensión real de la masacre sigue siendo objeto de controversia y opacidad. Mientras el gobierno de Coahuila aseguró inicialmente 28 víctimas, el entonces gobernador y actual diputado federal Rubén Moreira Valdez admitió posteriormente que fueron "más de 300 las víctimas". Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó 38 personas desaparecidas en su recomendación 10VG/2018.
En el caso de la familia Garza, 18 integrantes fueron desaparecidos y asesinados en el rancho familiar, incluyendo tíos, primos y trabajadores. "El patrimonio que la familia hizo por muchos años quedó en nada", lamenta Silvia, cuyo padre era contratista en carboeléctricas y tenía un negocio de telefonía celular.
La complicidad institucional: un sello de impunidad
Las familias acusan una clara complicidad entre las autoridades y el crimen organizado durante los hechos y en los años posteriores. Denuncian que los teléfonos públicos fueron arrancados, el número de emergencias 089 permaneció bloqueado, y el Ejército, con un retén en la carretera 57 a pocos kilómetros, no intervino.
Cuestionan especialmente las versiones del general Luis Cresencio Sandoval, jefe de la Guarnición Militar en Piedras Negras en esa época, quien argumentó estar combatiendo un incendio de gran magnitud. "Nunca ha habido un incendio de tal magnitud. Dicen mentiras, los dejan seguir ahí en el gobierno y se cubren entre ellos", señala una víctima, recordando que incendios similares ocurrieron casi 20 días después.
La justicia esquiva: procesos lentos y reparación insuficiente
El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informa que hay tres causas penales abiertas con 29 órdenes de aprehensión, de las cuales solo se han cumplimentado 17. Entre los detenidos no hay funcionarios de niveles medio o superior responsables de la seguridad en la entidad y el municipio de Allende, lo que para las familias es una clara señal de impunidad.
En cuanto a la reparación del daño, el camino ha estado plagado de obstáculos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal interpuso un amparo contra una recomendación de la CNDH, paralizando el proceso. Además, las familias rechazan una propuesta del gobierno estatal basada en la Unidad de Medida y Actualización en lugar de salarios mínimos, considerándola una "mera simulación" que minimiza el daño.
El reclamo a las autoridades: de Sheinbaum a Jiménez Salinas
Las víctimas dirigen reclamos directos a las más altas esferas del poder. A la gobernadora Claudia Sheinbaum le exigen que "ordene a los de la CEAV hacer bien su trabajo". Al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, le reprochan que no quiera dar la cara ni asumir el acuerdo de compensación subsidiaria ofrecido por la administración anterior.
Silvia Garza señala específicamente a Marta Yuridia Rodríguez, titular de la CEAV federal, y a Julieta Alejandra Hernández García, directora del Comité Interdisciplinario Evaluador, de hacer dictámenes sesgados que ofrecen 250 mil pesos, "insuficiente para recuperar todo lo que perdieron".
La esperanza en la justicia transnacional
Ante la impunidad local, las familias depositan sus esperanzas en el sistema judicial de Estados Unidos, donde enfrentan cargos los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, identificados como Z40 y Z42, presuntos responsables intelectuales de la masacre. "Sabíamos que no habría justicia penal, sabíamos que habría de llegar otro país a hacer la justicia", afirma Silvia con una mezcla de resignación y esperanza.
Quince años después, las casas saqueadas y reducidas a escombros en Allende permanecen como mudo testimonio de una tragedia que no cesa. Las familias, dispersas y traumatizadas, continúan su lucha por una reparación integral que les permita, al menos, cerrar este ciclo de violencia y rehacer sus vidas lejos del estigma y el miedo.
