Aquella mañana el asfalto se cimbró en San Salvador Atenco. En las primeras horas del 4 de mayo de 2006, un operativo policial marcó el inicio de una jornada de represión, abusos y una herida abierta que aún hoy, 20 años después, no ha cicatrizado. Ejidatarios que defendían sus tierras contra la construcción de un aeropuerto fueron brutalmente reprimidos.
El operativo que marcó a Atenco
Tres mil agentes equipados con toletes y escudos rodearon a los manifestantes. La orden provino del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. “Era más bien el acto de venganza por no haber permitido un aeropuerto. El gobierno estatal junto con el federal establecen todo un operativo de contrainsurgencia hacia nuestros pueblos”, recuerda Hortensia Ramos, habitante de San Salvador Atenco.
En 2002, los pobladores habían logrado frenar el megaproyecto anunciado por el presidente Vicente Fox, que requería expropiar más de cinco mil hectáreas. “Obviamente, empieza esta parte de la lucha en el 2001. Amanecemos con un decreto expropiatorio que, además, nos dice que nuestras tierras van a costar siete pesos con 20 centavos el metro cuadrado. Pues era una vil burla para los pueblos”, agrega Ramos.
El ambiente previo al conflicto
El conflicto se desbordó hace exactamente 20 años. Antes de la llegada de la policía, el ambiente era críticamente tenso. Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra habían impedido que el gobierno de Texcoco desalojara a vendedores de flores en el Mercado Belisario Domínguez. “El ambiente al interior de lo que es San Salvador Atenco estaba muy crítico, muy violento por así llamarlo, porque horas antes habían detenido a algunos policías”, relata Alejandro Baltazar, exreportero del Periódico Reforma.
“Esto es algo que tendrías que vivir para poder explicarlo porque no hay palabras, empieza a cimbrarse la carretera”, añade Baltazar.
La violencia del operativo
Los manifestantes lanzaron piedras para tratar de defenderse, pero los uniformados se abrieron paso con gas lacrimógeno y la fuerza de sus toletes. “Se empezó a cimbrar, los reporteros y los fotógrafos nos despertamos y fue el momento en que fue el banderazo, ya inició el operativo, inició con mucha violencia por parte de los uniformados. Empezaron los golpes, los toletazos, el gas lacrimógeno, se escuchaban disparos al aire”, narra Baltazar.
El saldo fue trágico: dos personas murieron, cientos resultaron heridas y más de 200 fueron detenidas. Además, se presentaron denuncias por tortura y abuso sexual contra 11 mujeres.
Testimonios de las víctimas
“Nos cubren, nos ponen boca abajo, nos patean, caminan sobre nosotros, nos ponen frente a un muro en donde con las armas que traían se escucha un, no sé, chuc chuc y nos golpean con las armas en la cabeza”, denuncia Suhelen Cuevas, víctima de abusos durante el operativo.
Claudia Hernández, otra víctima, relata: “Me amenazaban de muerte, cada vez que podían azotaban mi cabeza contra la pared y con los pies ellos me pegaban en las rodillas para que yo abriera más las piernas y me hicieron tocamientos en el cuerpo, en los pechos, en los glúteos”.
Estos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Años después, el propio Peña Nieto, ya como candidato presidencial, reconoció a medias los abusos: “Lamentablemente, hubo incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial, pero reitero fue una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz”.
Impunidad persistente
Sin embargo, ni un solo responsable ha pisado la cárcel. “No se ha resuelto ese caso, la Corte Interamericana ha dado recomendaciones de la cual tampoco se ha visto absolutamente nada”, lamenta Hortensia Ramos.
Las víctimas aún luchan para que esa represión no siga impune. A 20 años de los hechos, la herida sigue abierta y la búsqueda de justicia continúa.
