Disculpa psiquiátrica de 'abuela mataperros' evita prisión y expone vacíos en justicia animal
'Abuela mataperros' evita prisión con disculpa y tratamiento psiquiátrico

"No sé lo que hacía": La disculpa que salvó a la 'abuela mataperros' de Coyoacán de la prisión

"Estoy realmente arrepentida porque no fue mi intención hacerle ningún daño. Lo lamento mucho porque no sé lo que hacía y estoy en tratamiento psiquiátrico". Estas fueron las palabras que Flor, la mujer de 78 años conocida como la "abuela mataperros" de Coyoacán, dirigió a un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el pasado 6 de marzo.

La disculpa pública, ofrecida durante la audiencia final de un caso que se prolongó durante dos años, tuvo un objetivo claro: evitar que la septuagenaria pisara prisión por el asesinato con violencia de la perrita "Moni", una chihuahua de 16 años con discapacidad que desapareció en mayo de 2024.

Un acuerdo que sustituye la cárcel

El juez aceptó una suspensión condicional del proceso penal, estableciendo una serie de condiciones para que Flor no recibiera una condena de prisión, argumentando su avanzada edad. Exclusivo de Excélsior obtuvo los detalles completos de este acuerdo judicial que incluye:

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  • Reparación económica mediante pagos bimestrales
  • Firma mensual ante autoridades durante tres años
  • Tratamiento psiquiátrico continuo en una institución pública
  • Disculpa pública donde admite haber asesinado a la perrita
  • Orden de restricción contra Esmeralda Yarce, dueña de "Moni"
  • Desistimiento de dos carpetas de investigación iniciadas por las hijas de Flor contra vecinos que testificaron en su contra

Resulta significativo que la disculpa fue dirigida específicamente al juez y no a la dueña del animal, generando mayor controversia entre los activistas presentes en los juzgados de la colonia Doctores.

La cruda realidad del sistema judicial mexicano

La resolución del caso de "Moni" ha generado indignación generalizada, pero según expertos en derechos animales, refleja una realidad sistémica: los agresores de animales tienen probabilidades extremadamente bajas de enfrentar prisión en México.

"Lo que sabemos que es estandarizado es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha especificado que los actos de maltrato y crueldad animal no son delito", explicó Adriana Buenrostro, directora política en Animal Heroes, en entrevista con Excélsior.

"Realmente no nos sorprende que de pronto salgan libres aún cuando se hayan presentado tantas pruebas y evidencias", agregó la activista, quien junto a otros especialistas en derechos animales no pudo recordar un solo caso donde algún agresor haya sido castigado con años efectivos de prisión.

Evidencias contundentes ignoradas

El caso de "Moni" contó con pruebas sólidas que incluyeron:

  1. Dos videos cruciales: El primero muestra a Flor ingresando a su hogar con "Moni" atada con un lazo el mismo día de su desaparición. El segundo capta el momento en que familiares desentierran los restos del animal de una jardinera cerca de la ventana de Flor, cubiertos con cal.
  2. Necropsia oficial: La Fiscalía General de Justicia confirmó que "Moni" murió por "un choque neurogénico (dolor) e hipovolémico (pérdida de sangre)" causado por "un objeto romo sin filo".
  3. Seis testigos: Vecinos que aseguraron haber visto a Flor asesinar a otros animales durante años, comenzando a llamarla la "abuela mataperros".

Un vecino que vivió cerca del condominio de Flor por cinco décadas reveló: "Tiene muchos años haciendo esa función de atrapar perritos, llevárselos a sus casas y matarlos cruelmente. Siempre llevaba comida, croquetas, cosas que le gustaran a los perritos para atraerlos".

Precedentes que no se cumplen

Pese a modificaciones en códigos penales estatales, los casos ejemplares son escasos. El de Athos y Tango, perros entrenados por la Cruz Roja de Querétaro envenenados en 2021, resultó en una sentencia de 10 años de prisión que marcó un parteaguas. Sin embargo, el agresor de más de 60 años continúa su proceso desde casa mientras un tribunal colegiado insiste en reducir su sentencia a cuatro años.

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En el caso capitalino, la Fiscalía exigió la sentencia máxima de seis años para Flor por crueldad animal, pero el resultado final fue radicalmente diferente, evidenciando las profundas grietas en la aplicación de justicia para las víctimas animales en México.