La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concedido un plazo de tres meses al Estado mexicano para que defina su posición respecto al caso de Alejandra Cuevas Morán, quien junto a su madre fue acusada por Alejandro Gertz Manero, actual embajador de México en Reino Unido, de haber provocado la muerte de su hermano Federico Gertz Manero.
Notificación de la CIDH
A menos de un año de que Cuevas Morán presentara su denuncia ante la CIDH, fue notificada de que el Estado mexicano dispone de tres meses, prorrogables hasta cuatro, para emitir su informe. La denuncia señala una presunta persecución judicial orquestada por el entonces titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Etapa de admisibilidad
En un comunicado, Alejandra Cuevas aclaró que esta notificación no constituye una sentencia ni una resolución de fondo, sino que forma parte del proceso de admisibilidad. "No es una sentencia, pero sí es la primera vez que el Estado mexicano queda formalmente llamado a responder ante el sistema interamericano por estos hechos", afirmó.
Antecedentes del caso
La denuncia contra Gertz Manero se originó a partir de un proceso penal que duró dos años, en el que Cuevas Morán y su madre, Laura Morán, fueron acusadas del homicidio de Federico Gertz Manero. Alejandra permaneció 528 días encarcelada en Santa Martha Acatitla, mientras que su madre, una mujer de más de 90 años que fue pareja de Federico durante 60 años, estuvo sujeta a prisión domiciliaria.
"Fui encarcelada por cuidar. Mi madre, por amar. Mis hijos por resistir. Gertz nos persiguió con el poder del Estado", declaró Alejandra en redes sociales al dar a conocer la denuncia.
Falta de reparación
Aunque ambas fueron liberadas tras un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Cuevas señaló que el Estado mexicano nunca explicó cómo prosperó el caso en su contra. "Nunca asumió responsabilidad. Nunca reparó el daño de forma completa, pública y digna. El silencio, con el tiempo, deja de ser una omisión para convertirse en una posición", indicó.
La afectada solicitó públicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las autoridades competentes que informen cuál será la posición institucional del Estado mexicano ante la CIDH. En su informe, el Estado deberá indicar si niega los hechos, los justifica o reconoce que ella y su familia fueron víctimas de persecución política.
