La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado este lunes que la desaparición de personas constituye "una grave crisis de derechos humanos en México", con más de 128 mil personas desaparecidas y 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado. El organismo insistió en que "muchas de las desapariciones cometidas por el crimen organizado ocurren en profunda connivencia y coordinación con agentes estatales", lo que podría configurar desaparición forzada.
Informe de la CIDH
En un documento de 238 cuartillas, la CIDH documentó realidades desgarradoras sobre las desapariciones en México, incluyendo apartados sobre mujeres, migrantes y personas LGBTIQ+, reclutamiento forzado de jóvenes e impunidad, descrita como "un problema infranqueable". También mencionó el aumento "alarmante" de señalamientos de desapariciones forzadas perpetradas por agentes del Estado en el contexto de la militarización de la seguridad pública.
Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, presentó el informe en la Ciudad de México y destacó que continúan las desapariciones forzadas por parte de agentes estatales y municipales, así como la colusión entre agentes del Estado y actores criminales, que podrían representar "formas de aquiescencia". Sin embargo, la CIDH no equiparó las desapariciones forzadas en México como "crímenes de lesa humanidad", a diferencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) en su informe del 2 de abril.
Reacción del gobierno mexicano
El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó de manera distinta ante ambos informes: mientras repudió el del CED y arremetió contra sus integrantes, la Cancillería y la Secretaría de Gobernación recibieron el documento de la CIDH "con respeto institucional". Ambas dependencias enviaron a sus subsecretarios de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla y Enrique Ochoa, para participar en la presentación.
Pochak afirmó que "no constata actualmente que exista, desde el Estado mexicano, una política preconcebida de desaparición de personas", pero llamó al Estado mexicano a reforzar sus obligaciones internacionales para proteger la vida y la integridad de todas las personas, así como a fortalecer las medidas para identificar, erradicar y neutralizar la infiltración del crimen organizado en los órganos administrativos, judiciales y de seguridad.
Críticas de buscadores
Durante la presentación, Bibiana Efigenia Mendoza, hermana de Manuel Ojeda Negrete, hombre desaparecido, denunció que "es indigno cualquier tipo de avance que se quiera presumir del Estado mexicano cuando no han tenido en más de un sexenio la dignidad de recibirnos cinco minutos. Su respuesta fue tapar con vallas el palacio nacional para que no les estorbemos".
La buscadora también criticó la iniciativa del gobierno de Sheinbaum de "actualizar" los datos del registro oficial de personas desaparecidas y considerar que 46 mil de ellos no tienen datos suficientes para su búsqueda. "Ahora no van a contar los que no contamos con carpetas de investigación, como si tuviéramos condiciones dignas para denunciar", deploró, y agregó: "todavía tienen la vergüenza de decirnos que no politicemos a nuestros desaparecidos cuando los que los politizan son funcionarios públicos".
Al final de la presentación, madres y padres de diferentes colectivos exigieron justicia por la desaparición de sus familiares.
