La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un informe exhaustivo titulado "Desaparición de Personas en México", en el que se analizan los avances y retos de las políticas implementadas por el Estado mexicano para enfrentar la crisis humanitaria de desapariciones desde 2018. El documento, presentado el 11 de mayo de 2026, ofrece un diagnóstico detallado de la situación.
Cifras alarmantes
Al cierre del informe, en junio de 2025, la CIDH documentó más de 128 mil personas desaparecidas. Además, reportes independientes estiman que más de 70 mil cuerpos bajo custodia estatal aún no han sido identificados. La Comisión subraya que esta situación constituye una grave crisis de derechos humanos que requiere atención urgente.
Responsabilidad y patrones
El informe atribuye la mayoría de las desapariciones al crimen organizado, pero también señala que las desapariciones forzadas por parte de funcionarios públicos persisten. Se documentaron casos de colusión entre el crimen organizado y autoridades de seguridad, procuración de justicia y políticas. El fenómeno afecta de manera desproporcionada a ciertos grupos:
- Niñas, niños y adolescentes: Reclutados o involucrados con el crimen organizado.
- Mujeres y personas LGBTIQ+: Desapariciones basadas en género.
- Defensores y periodistas: Blanco por su labor.
- Migrantes: Vulnerables en rutas inseguras.
Recomendaciones de la CIDH
A pesar de la magnitud de la crisis, la CIDH reconoce esfuerzos estatales y emite 40 recomendaciones para fortalecer la prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación. Entre ellas destacan:
- Evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana y esclarecer responsabilidades estatales.
- Implementar búsqueda inmediata y diferenciada de personas.
- Adoptar un enfoque masivo en identificación humana, ante la "efectividad muy limitada" de los esfuerzos actuales.
- Garantizar coordinación interinstitucional y resguardo digno de cuerpos.
- En materia de memoria y verdad, el principal reto es la falta de información de instituciones militares, lo que retrasa la justicia y revictimiza a las familias.
Aspectos positivos señalados
El informe destaca que México cuenta con un marco normativo e institucional relevante, como la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Declaración Especial de Ausencia y programas de salud física y mental. Desde 2018, se han adoptado acciones positivas como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda (2020), el relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda y avances en herramientas de búsqueda.
La CIDH valora la creación de una dirección especializada en atención a colectivos y familiares dentro de la CEAV, así como la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP 2024-2030) orientada a atender las causas de la violencia. También reconoce las medidas anunciadas por la presidenta Sheinbaum a inicios de 2025, incluyendo reformas forenses y mesas de trabajo con colectivos.
Participación internacional
La Comisión resalta la apertura de México al escrutinio internacional, permitiendo visitas de observación, respondiendo a solicitudes de información y participando en audiencias públicas. Se agradece al Estado mexicano por la información proporcionada y su disposición al diálogo.
Metodología del informe
El informe es resultado de consultas en territorio con autoridades y sociedad civil, audiencias públicas y análisis de casos. La metodología se centra en las víctimas y sus familias, utilizando información estatal, de la sociedad civil y expertos, comparada con estándares internacionales. Las recomendaciones buscan profundizar políticas públicas con enfoque constructivo.
