Denuncian deportaciones y traslados forzados de solicitantes de asilo por parte de Estados Unidos
Durante una audiencia crucial celebrada en las instalaciones de la Comisión Nacional Interamericana de Derechos Humanos (CNIDH), al menos 22 organizaciones regionales presentaron un informe detallado sobre las operaciones implementadas por la administración de Estados Unidos. Estas acciones involucran la deportación y el traslado forzado de personas solicitantes de asilo hacia países que no son su nación de origen, generando una grave crisis humanitaria.
Violaciones sistemáticas a los derechos humanos
Las organizaciones señalaron que los protocolos establecidos por Estados Unidos no ofrecen garantías mínimas de seguridad ni protección para los individuos afectados. Por el contrario, estas prácticas ponen en riesgo directo la integridad física y emocional de los solicitantes de asilo, sin respetar sus derechos fundamentales. Los mecanismos implementados obligan a los países receptores a gestionar una población para la cual no cuentan con la infraestructura adecuada ni sistemas de asilo funcionales, exacerbando la vulnerabilidad de estas personas.
Cifras alarmantes en México
Un ejemplo concreto de esta situación se observa en México, donde entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se deportaron casi 13,000 personas de terceras nacionalidades. De esta cifra, el 23% corresponde a mujeres, y se incluyen 690 niñas, niños y adolescentes. Alarmantemente, en muchos casos no se tuvo información previa sobre sus procesos legales, lo que viola principios básicos de transparencia y justicia.
Llamado urgente a la CNIDH
Frente a esta crítica situación, las organizaciones hicieron un llamado urgente a la CNIDH para tomar medidas inmediatas. Las solicitudes incluyen:
- Generar un documento Técnico y Operativo que respete los derechos humanos en los países que han firmado acuerdos con Estados Unidos, y que obligue a estas naciones a rendir cuentas sobre sus acciones.
- Solicitar a la Corte Interamericana una interpretación clara sobre la legalidad de estas expulsiones, con el fin de establecer precedentes jurídicos que protejan a los afectados.
- Realizar visitas in situ para analizar de primera mano las condiciones de detención y garantizar que no se sigan produciendo devoluciones en cadena, que perpetúan el ciclo de vulnerabilidad.
Esta audiencia subraya la necesidad de una respuesta coordinada a nivel regional para abordar las fallas en los sistemas de asilo y proteger los derechos de las personas en movilidad humana.
