La emergencia humanitaria que crece sin control en Veracruz
En el estado de Veracruz, la desaparición de personas ha dejado de ser una estadística para convertirse en una herida abierta que sangra cotidianamente. Lejos de enfrentar esta emergencia con mayor capacidad institucional, el gobierno de Rocío Nahle García ha optado por reducir los recursos destinados a las búsquedas en campo y al Servicio Médico Forense, profundizando una crisis que ya se encontraba al borde del colapso.
Las cifras que revelan una tragedia en expansión
A poco más de un año de haber asumido el poder, la administración de Nahle García carga con una crisis humanitaria que crece sin freno, mientras las respuestas oficiales permanecen atrapadas en el discurso político. Los números son contundentes, aunque incompletos por la falta de transparencia.
El propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas mantiene activas 410 fichas de búsqueda correspondientes al primer año de esta nueva administración estatal, hasta el 22 de diciembre de 2025. Desde entonces, no se han presentado cifras consolidadas, una omisión que alimenta la sospecha de que el problema es aún mayor de lo documentado oficialmente.
El colapso forense que niega identidad a las víctimas
Para Marcela López López, integrante del Colectivo Por la Paz Xalapa, el sistema forense del estado está completamente rebasado. "Hay tantos cuerpos que no se les puede dar identidad porque no hay personal suficiente", afirmó en entrevista.
La activista detalló que los cuerpos se acumulan sin identificar, los indicios permanecen guardados durante meses y el personal resulta claramente insuficiente para enfrentar la magnitud de la tragedia. "Aunque se creó otro espacio para estas labores, sigue siendo rebasado por las desapariciones", añadió.
Dijo que la llamada crisis forense no es un concepto técnico, sino una realidad que se vive en:
- Refrigeradores saturados
- Bolsas sin nombre
- Expedientes empolvados
Cada resto humano sin identificar representa una familia atrapada en la incertidumbre permanente.
Las búsquedas paralizadas por falta de recursos
Pero el colapso no se limita a los servicios periciales. Las búsquedas en campo prácticamente se han detenido, no por falta de desaparecidos, sino por falta de recursos asignados.
"Hoy no hay búsquedas, casi no salen porque no hay dinero. Ni la Fiscalía ni la Comisión de Búsqueda tienen recursos para mover a su personal", afirmó López López con preocupación evidente.
La paradoja resulta brutal: mientras las fosas clandestinas siguen apareciendo y los cuerpos abandonados se multiplican en distintas regiones del estado, el aparato estatal se achica frente a la emergencia. Se reporta una sola fiscal atendiendo decenas de carpetas, agentes ministeriales que toman nota sabiendo que no alcanzará el tiempo ni la fuerza operativa para investigar como se debe.
La responsabilidad política de la actual administración
Y ahí recae la responsabilidad política directa. La gobernadora no puede seguir escudándose en inercias heredadas cuando su administración ya acumula más de un año de decisiones, presupuestos y prioridades establecidas.
La desaparición de personas no ha sido tratada como emergencia estatal, sino como un problema secundario dentro de la agenda gubernamental. Las propias familias lo dicen con claridad: "se necesita más personal, más recursos y una estrategia real para enfrentar tanto la búsqueda de personas como la identificación de cuerpos".
Bajo el gobierno de Rocío Nahle, las desapariciones no solo continúan, sino que aumentan visiblemente. Y con ellas crece también la sensación generalizada de que, para el poder establecido, las víctimas siguen siendo un número incómodo y no una prioridad urgente que demande acción inmediata y recursos adecuados.
