Detención en Venezuela por comentario en redes sociales
La organización no gubernamental Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, denunció este martes la detención de un ciudadano venezolano por comentar un video en TikTok sobre la supuesta captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores en Caracas por fuerzas estadounidenses.
El caso de Yorman Acevedo
Se trata de Yorman Acevedo, quien fue arrestado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Aragua el pasado 13 de enero, exactamente diez días después del incidente mencionado en el video. Según la denuncia, Acevedo fue acusado de "instigación al odio" y permaneció 19 días en condición de desaparición forzada antes de que su familia supiera que estaba recluido en la cárcel El Rodeo I, ubicada en el estado de Miranda.
Traslado y falta de información
El 24 de marzo se produjo un traslado de detenidos desde El Rodeo I hacia el Centro Penitenciario Yare III, también en Miranda. Sin embargo, la familia de Acevedo no ha recibido información oficial sobre si él estaba incluido en ese movimiento, aunque otros familiares de detenidos les aseguraron que sí se encontraba entre los trasladados.
Medidas cautelares de la CIDH
Ante la gravedad de la situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgó medidas cautelares a favor de Acevedo. La CIDH determinó que se encuentra en una "situación de gravedad y urgencia", ya que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela.
Contexto de arrestos por redes sociales
Varias organizaciones no gubernamentales, incluida Espacio Público, han denunciado múltiples arrestos de personas que realizaron publicaciones en redes sociales contra el Gobierno de Venezuela. Este caso se enmarca en un patrón más amplio de restricciones a la libertad de expresión en el país.
Declaraciones de autoridades venezolanas
En febrero pasado, el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la Ley de Amnistía aprobada ese mes, reconoció que en Venezuela se ha aplicado "a veces muy bien y a veces muy mal" la ley contra el odio. Esta ley, vigente desde 2017, establece penas de hasta 20 años de cárcel por los llamados "delitos de odio".
Arreaza mencionó casos específicos de personas arrestadas "por unos mensajes en su teléfono" que fueron revisados por funcionarios en controles policiales terrestres, y enfatizó que "no hay derecho" para este tipo de acciones. La situación refleja las tensiones entre la aplicación de la ley y la protección de los derechos fundamentales en el contexto venezolano.
